La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, defendió ayer ante la juez que permitió votar la hoja de ruta independentista porque era un "acto político", sin valor jurídico alguno, y alegó que no se puede prohibir que el pleno discuta sobre la independencia cuando el debate está en la calle.
Según informaron fuentes judiciales, Forcadell declaró ayer como investigada durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en una comparecencia en la que se negó a contestar a las preguntas de la juez instructora, Maria Eugènia Alegret y de la Fiscalía, a los que reprochó que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament.
El TSJC investiga a la presidenta de la cámara catalana, a raíz de una querella de la Fiscalía por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), por permitir que el pleno del 27 de julio pasado votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abría la puerta a una vía unilateral a la independencia.
Forcadell se limitó a responder a una lista de 25 preguntas que le formuló su abogado, Andreu Van del Eynde, en una exposición en la que se escudó en dos informes jurídicos del Parlament -uno anterior y otro posterior al pleno- que, a su parecer, avalaban la legalidad de la votación de dichas conclusiones.
La presidenta de la cámara catalana afirmó que la nota informativa que los servicios jurídicos elaboraron, por iniciativa propia, para alertar al pleno de su obligación de acatar las resoluciones del Constitucional no era una advertencia personal a ella, sino que su fin era recordar a los diputados la existencia de un auto del TC que les prohibía desarrollar cualquier iniciativa que emanara de la declaración de ruptura del 9N.
Proceso constituyente
Para Forcadell, sin embargo, el debate y votación de la hoja de ruta independentista no estaban expresamente prohibidos por el TC y lo desvinculó de la declaración de ruptura del 9N porque, a su entender, constituían un acto de "adhesión ideológica" a las conclusiones de una comisión de estudio sin efectos jurídicos.
De hecho, la investigada recalcó que el TC en ningún momento ha anulado los trabajos de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que eran públicos y habían finalizado una semana antes del pleno. Asimismo, la presidenta adució que la inclusión en el orden del día de la votación no fue un "acto premeditado" y argumentó que ella no podía excluir del pleno un debate político sobre la independencia cuando este está en las calles, especialmente si el reglamento de la cámara catalana establece que debía autorizarlo porque lo habían pedido dos grupos políticos parlamentarios.
Forcadell proclamó que, al permitir ese "debate de ideas", ella estaba protegiendo la "libertad de expresión" y la "inviolabilidad" del Parlament, momento que aprovechó para recordar a la juez y la Fiscalía que ellos son los "garantes" de la inviolabilidad de la presidenta de la cámara catalana, un deber que a su parecer han incumplido al imputarla.
La investigada insistió durante su declaración en que cumplió escrupulosamente el reglamento del Parlament y la ley cuando permitió la votación de la hoja de ruta independentista, pese a que la Mesa de la cámara catalana ya había dado carpetazo al expediente derivado de la comisión de estudio del proceso constituyente.
Problemas políticos
Según Forcadell, el pleno de la cámara catalana es un "órgano soberano" y la decisión de incorporar la votación al mismo no partió de ella, sino de dos grupos parlamentarios (Junts pel Sí y la CUP) y fue aceptada por el hemiciclo. También mantuvo ante la magistrada que el poder ejecutivo no puede usar el judicial para resolver los problemas políticos suscitados que plantea el legislativo, según explicaron las mismas fuentes.
