El de este jueves se complicó. Todo hacía indicar que el pleno sería relativamente sosegado. De las ocho propuestas de resolución presentadas, cinco habían sido pactadas entre la mayoría de grupos, con lo que el debate se antojaba breve y poco agrio. Pero nada más lejos de la realidad. La sesión se fue enredando por momentos. Los encontronazos -los hubo hasta el último minuto- se sucedieron, tanto del equipo de gobierno con la oposición, como entre los propios grupos de la oposición.
Las asperezas se hicieron evidentes en el debate sobre listas de espera. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa (PDSPT) intervino para denunciar que las listas de espera en la ciudad "son cada vez más alarmantes" y exigir que el Ayuntamiento interceda ante el Departament de Salut para reducir los plazos para pruebas diagnósticas y operaciones. La Plataforma puso sobre la mesa "el Vía Crucis" de Luisa Villar, que hace nueve años que espera una intervención en Mútua Terrassa, hospital fuertemente cuestionado en el pleno por su forma de proceder en este caso.
"Incapacidad" de la concejalía
La petición de esta entidad dio paso al debate político, a través de una moción de TeC y la CUP que recogía estas demandas ciudadanas. C’s, TeC y ERC-MES fueron especialmente críticos con la concejal de Salud, Maruja Rambla, de quien remarcaron su "incapacidad" para velar por la salud de los terrassenses. Los tres grupos consideraron que la concejal no había hecho lo suficiente para interceder en el caso de Luisa, pedir explicaciones a Mutua o reclamar más recursos para rebajar las listas de espera. Javier González, de C’s, llegó a espetarle a Rambla: "Si usted tiene que defender la sanidad en Terrassa, estamos ‘apañaos’". Aunque el Ayuntamiento tiene "pocas competencias", dijo, "no las ejerce" y "no se ha tomado en serio" el problema de las listas de espera.
Isaac Albert, portavoz de ERC-MES, también afeó a Rambla que "podría haber hecho alguna cosa más" a través del Consell Municipal de Salut o interpelando al Departament. Al igual que Xavier Matilla, líder de TeC, quien exigió a la concejal que pidiese explicaciones en los órganos en los que está presente, como en el Consell de Govern del Consorci Sanitari.
La concejal de Salud, Maruja Rambla, se defendió de las acusaciones asegurando que había hecho gestiones para solucionar el caso de Luisa y pedido más recursos al Departament. Rambla anunció que en breve se constituirá un grupo de trabajo específico entre Ayuntamiento, Mútua y Hospital de Terrassa para abordar las listas de espera.
Maria Sirvent, de la CUP, se centró en denunciar "la privatización encubierta de la Sanidad mediante los recortes", de un 15% durante la etapa del conseller convergente Boi Ruiz. El PP, a pesar de que apoyó la moción, recordó las limitaciones del Ayuntamiento en este asunto ya que la competencia es del Govern. Miquel Sàmper, de CiU, pidió "buscar soluciones, más allá de buscar responsables", aunque quiso subrayar que el problema de las listas de espera tiene relación directa "con los recursos que llegan a Catalunya". Después de unos instantes de confusión sobre el redactado final del texto, la moción se aprobó por unanimidad.
De mafias de todo tipo
Las broncas siguieron al abordar la propuesta de C’s sobre medidas "en defensa de los afectados por ocupaciones incívicas y especulativas de inmuebles". TeC y la CUP la tildaron de propuesta "trampa" y "envenenada" por buscar "culpabilizar" a las familias que ocupan viviendas de bancos, la mayoría por necesidad y sin ocasionar problemas de convivencia. Para Matilla, de TeC, la moción carecía de rigor y trataba de "confundir e igualar" el problema de acceso a la vivienda con el de vecinos incívicos, que los hay, dijo, "con o sin título habilitante".
El concejal de C’s David Aguinaga denunció que "hay personas que han hecho de la ocupación de pisos de bancos su modus vivendi" ya que revientan la puerta, cambian la cerradura y ceden el espacio a cambio de dinero. Algunos de estos ocupantes, señaló, "dañan los espacios comunes y generan conflcitos y tensión". De su lado se pusieron PP y CiU. Miquel Sàmper reivindicó que era una "propuesta valiente" porque "ataca una parte del problema de la vivienda", pero "choca contra un discurso único del que cuesta salir". También el popular Álex Rodríguez se quejó de la "representación binaria" de los partidos de izquierdas, en la que "los buenos siempre son los ocupas y los malos, los bancos"
Maria Sirvent, de la CUP, afeó a Aguinaga que "si lo que pretenden erradicar es la venta ilegal de llaves, no se ve reflejado en las medidas que proponen". La concejal anticapitalista señaló a la "banca" como "la verdadera mafia contra la que hay que luchar", que "ha convertido bienes necesarios como la vivienda en bienes de mercado".
ERC-MES pidió sin éxito que se retirase la moción para consensuar un nuevo texto y recordó que los pisos vacíos de las entidades financieras también generan "problemas de seguridad y convivencia".
"Problema desenfocado"
La propuesta, en la que se pedía una mejor coordinación entre Mossos d’Esquadra y Policía Municipal en los casos de venta ielgal de llaves y el incremento de los mediadores comunitarios en casos de conflicto vecinal, se aprobó gracias al apoyo del PSC. Los socialistas quisieron dar un mensaje de orden, pero al mismo tiempo intentaron desmarcarse de parte de la propuesta. La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, afirmó que "en Terrassa no hay un problema de mafias de venta ilegal de llaves".
La edil reivindicó que la mayoría de personas que viven en pisos de bancos "no son okupas, sino precaristas" que residen ahí "con la tolerancia" de las propias entidades. Melgares pidió "mirar allí donde está el problema, en los pisos vacíos que tienen los bancos, mientras que hay mucha gente que los necesita".
