La disputa sobre el control del suministro de agua ha inundado el debate político en la ciudad en los últimos meses. Pero, la intervención del exalcalde, Manuel Royes, ha echado más leña a un fuego que ya ardía con voracidad y ha inaugurado un nuevo capítulo en la guerra abierta que mantienen el Ayuntamiento y Mina Pública d’Aigües de Terrassa.
El pasado sábado, Diari de Terrassa publicaba un artículo de opinión del exalcalde socialista Manuel Royes en el que exaltaba el papel que Mina había jugado en la bonanza económica de la ciudad y defendía su continuidad al frente del servicio de agua, a pesar de que la concesión acaba el 9 de diciembre de este año. En concreto, Royes considera que la “solución natural” a esta nueva etapa que se abre con el fin del contrato, que data de 1941, sería constituir una empresa mixta entre el Ayuntamiento y Mina que acabase con el enfrentamiento actuales.
Es aquí donde Terrassa en Comú (TeC) ha alzado la voz, al denunciar que lo que propone Royes no es legal. “Royes se atreve a proponer una ilegalidad, como sería el hecho de pactar una salida conjunta para la continuidad de Mina en la gestión del agua”, criticó ayer Xavier Matilla, portavoz de TeC. “Se atreve a hacerlo -prosiguió- porque seguramente refleja la manera en cómo él ha gestionado la ciudad”. Matilla afirmó que el fin de la concesión de un servicio obliga a la Administración titular, en este caso el Ayuntamiento, a convocar un nuevo concurso público de libre concurrencia o a asumir la gestión -como efectivamente se ha decidido-, pero en ningún caso puede adjudicar a Mina la continuidad.
En el fondo, criticó ayer Matilla, el artículo de Royes “es más una confesión que una reflexión”. Una confesión, dijo, “que viene a confirmar que durante 36 años el PSC ha gobernado con la connivencia de determinadas empresas y poderes que incidían de manera decisiva en las decisiones del gobierno y que tenían más poder que el propio gobierno”. La nueva etapa que se abre con el final de la concesión a Mina, considera Matilla, supone un “momento clave para decidir si somos capaces de tomar decisiones de manera independiente a los intereses particulares de determinadas empresas y ejercer la soberanía que el pueblo ha trasladado al Ayuntamiento”.
“Pactos ocultos”
Las declaraciones del exalcalde tampoco han sentado bien entre sus compañeros de partido, especialmente entre el actual grupo municipal del PSC, partidario de municipalizar el servicio de agua. El alcalde, Jordi Ballart, respondía a su antecesor de la misma forma, en las páginas de Diari de Terrassa. Ayer, Ballart pedía no idealizar el pasado e insistía en que el problema de fondo es que “Mina no reconoce la titularidad del Ayuntamiento sobre el servicio de agua”. Defendía que la gestión pública del agua es la garantía para ejercer el control sobre un servicio esencial y rechazaba “pactos ocultos a espaldas de la ciudadanía”. La legitimidad para decidir sobre el futuro del agua, subrayaba, la tiene el Ayuntamiento, que debe acometer esta tarea “en plena libertad, dentro de la ley y sin aceptar las presiones disfrazadas de oferta de diálogo”.
Con las espadas en todo lo alto, esta tarde, el pleno dará luz verde de forma definitiva al expediente que supone el inicio de la liquidación del contrato con Mina y la prórroga forzosa, de seis meses, del servicio para que el Ayuntamiento tenga tiempo de constituir las estructuras necesarias para asumir la gestión directa del agua. El dictamen, que como mínimo saldrá adelante con los votos favorables de PSC, TeC, ERC-MES y la CUP, incluye el rechazo a las alegaciones presentadas por la concesionaria. Mina se opone a la prórroga forzosa, que incluye nuevas condiciones económicas y más control por parte de la Administración Local, lo que supone que entre el 10 de diciembre y el 9 de junio, dos técnicos municipales vigilarán “in situ” el día a día del servicio en las instalaciones de Mina.
Es muy probable que la empresa no dé el asunto por cerrado y recurra la decisión del Ayuntamiento mediante un recurso contencioso-administrativo. El teniente de alcalde de Servicios Generales, Alfredo Vega, no descarta que esto suceda y admite que “Mina está en su derecho de recurrir”. La judicialización de la liquidación del contrato podría alargar el proceso durante años. Vega asegura que será potestad del juez paralizar o no las actuaciones y, por tanto, la municipalización del servicio.
