¿El periodista tiene que preservar siempre el anonimato de las fuentes?, ¿debe colaborar solo en lo que crea oportuno con la Justicia o entregar absolutamente toda la información que se le reclame? Estas y otras preguntas están más de actualidad que nunca tras la publicación de los papeles de Panamá.
La periodista Mar Cabra, miembro del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) que está difundiendo esos documentos sobre empresas opacas creadas por el bufete Mossack Fonseca con sede en Panamá, y otros responsables de asociaciones profesionales de la prensa han respondido a EFE sobre estas cuestiones.
“Somos periodistas haciendo periodismo -subraya desde un primer momento Cabra- y no somos un brazo de la Justicia ni una agencia gubernamental; por tanto, “no damos los datos en bruto a nadie” pero a la vez “no hay ninguna intención de no colaborar con la Justicia”.
Cabra cuenta que el pasado lunes, al día siguiente de publicarse los papeles, la llamaron la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Agencia Tributaria y le pidieron todos los datos en una reunión conjunta, al igual que, poco después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Les respondió que la política del Consorcio -con sede en Washington y funcionando desde 1997- consiste en no entregar “datos en bruto a las autoridades”.
La periodista, que es jefa de la unidad de datos del ICIJ y una de las únicas doce personas que trabajan en nómina en ese Consorcio, añadió como otra razón para esa negativa que dar la información en bruto “tiene un problema de protección de fuentes”.
“Todos los medios asociados que trabajan con nosotros deben cumplir ese acuerdo”, resalta. En el caso de los papeles de Panamá (11,5 millones de documentos) esos medios son en España La Sexta y El Confidencial, los cuales no tienen “ningún problema” en entregar los documentos publicados, comenta.
“Es exactamente lo mismo que hizo El País con los papeles de Bárcenas”, cita como ejemplo.
Y recuerda: “Somos periodistas responsables haciendo periodismo preciso y, como tal, todos los hechos que mencionamos están documentados” y se publican para que puedan ser contrastados.
Preguntada por la protección jurídica que pueden necesitar periodistas de investigación como ellos, Cabra afirma que tanto el Consorcio como cada medio que publica las informaciones tiene asesoramiento legal propio.
Especifica que el Consorcio está estudiando ahora un caso “un poco particular”, referido a ella misma, pues la Agencia Tributaria le ha enviado un requerimiento a su nombre (también lo ha enviado a El Confidencial y La Sexta).
La justificación de Hacienda hacia ese requerimiento individual, según Cabra, es que si piden los datos al Consorcio en EEUU se requiere colaboración internacional, mientras que ella trabaja en el citado organismo pero vive en España.
Explica que el Consorcio para los papeles de Panamá ha formado un equipo de 370 periodistas de 80 países, lo que “funciona como un escudo protector” tanto para ella, que “está tranquila”, como para los profesionales de países donde “realmente la libertad de expresión está en juego”.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, subraya que la misión del periodista es “no facilitar las fuentes”, salvo que considere que no pone a nadie en evidencia y puede hacerlo.
Reconoce que la Fiscalía está cumpliendo su función al pedir esos documentos, pero la respuesta del periodista y del medio de comunicación tiene que ser “proteger a la fuente”.
González recalca el papel del periodismo para “sanear la democracia” y recuperar la “credibilidad” de las instituciones, especialmente en estos momentos de “precariedad” laboral por la crisis y la reconversión a la que se han visto abocados los medios.
De manera similar, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, piensa que el trabajo del periodista consiste en “desvelar lo investigado” y, a partir de esos datos, puede actuar Hacienda o el que corresponda.
“El trabajo del periodista es una situación con muchas aristas. No consiste en facilitar la tarea a los gobiernos o compartir la información, sino en desvelar una información” y luego, que las distintas instituciones hagan su investigación.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Íñigo de Barrón, los papeles de Panamá “ya son suficientemente claros” y, según los vaya publicando el Consorcio, la Fiscalía o Hacienda van a tener la posibilidad de conocer toda la información.
Asegura que hay que proteger a las fuentes “al máximo”, especialmente en un tema “tan grave, importante, bueno y positivo para la sociedad como es esta filtración”.
