El calendario del final de la concesión del agua en Terrassa se estira y, aunque aún no hay una decisión municipal en firme al respecto, todos los agentes implicados dan por supuesto que será necesario ir a la prórroga. El próximo 31 de diciembre finaliza el contrato con Mina para el abastecimiento en la ciudad y todo indica que será la propia compañía la que continuará al frente del servicio hasta que se resuelva el nuevo modelo de gestión y, sobre todo, quien será la nueva adjudicataria.
Así se puso de manifiesto el lunes por la tarde durante la última comisión informativa de Territori i Sostenibilitat, en la que el Comisionado del Agua del Ayuntamiento de Terrassa, el ingeniero Joan Gaya, explicó que no debe haber dudas sobre qué ocurrirá el 1 de enero de 2017, si como todo apunta no se ha resuelto aún la adjudicación del servicio. El suministro está garantizado, aseguró, no depende de la predisposición de la concesionaria ya que “la continuidad del servicio la garantiza la voluntad el equipo de gobierno”, como titular del mismo. “He asistido a muchos finales de concesión y en ningún caso el gestor saliente se ha negado a continuar prestando el servicio unos meses si era necesario”, comentó Gaya.
Todo apunta a que en otoño, pocos meses antes del final de la concesión, el ejecutivo de Jordi Ballart tomará formalmente la decisión de prorrogar, definirá la fórmula de continuidad y lo comunicará oficialmente a Mina.
La adjudicación, en 2017
Los trabajos para la liquidación de la concesión del servicio de abastecimiento de agua en Terrassa y la definición del futuro modelo de gestión estarán listos antes de final de año. A partir de ese momento, el pleno deberá aprobar el formato elegido (gestión privada, empresa mixta o municipalización del servicio) y el Ayuntamiento convocará el concurso para la nueva adjudicación, un trámite que llevará meses y que se resolverá entrado ya 2017.
De momento, no será hasta el pleno de abril que se designarán los integrantes de la comisión político-técnica que analizará las ventajas y los inconvenientes de las alternativas de gestión. También evaluará los costes de cada una, las inversiones necesarias, la afectación de cada modelo a la actual plantilla de Mina y los condicionantes sociales y ambientales. La comisión deberá emitir informe en tres meses, es decir a finales de julio o bien ya en septiembre.
Hoy sigue sin fecha definitiva la consulta ciudadana anunciada por el alcalde Jordi Ballart. El teniente de alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, explicó en comisión que el gobierno ha valorado la posibilidad de hacer coincidir la consulta ciudadana con las elecciones generales del 26 de junio, si finalmente se convocan.
“Lo hemos pensado, pero no hay una decisión al respecto y también podría ser perfectamente en septiembre -dijo-. Para que la decisión (sobre el nuevo modelo de gestión) sea legítima, el proceso debe ser impecable y los ciudadanos deben tener acceso a toda la información. Este es el empeño de todos, por eso si hay que alargar el calendario se alarga. No tomaremos la decisión antes de tiempo”, dijo Armengol.
El próximo 4 de abril, Itzíar González despejará dudas sobre la consulta ciudadana. Presentará el calendario y la metodología del proceso participativo, así como el flujo de información a la ciudadanía.
A preguntas de la oposición sobre el carácter vinculante de la consulta, Marc Armengol dejó claro que el gobierno aún no ha tomado una decisión al respecto. El concejal se comprometió a trasladar el tema al ejecutivo municipal.
A vueltas con la titularidad
Durante la comisión de Territori, la oposición pidió al gobierno que supere la fase de las valoraciones técnicas y empiece a definirse políticamente. “Terrassa es un caso excepcional -dijo Xavier Matilla, de TeC-. Nos jugamos la soberanía municipal y tenemos que hacer frente común. El gobierno debe abandonar la equidistancia y empezar a tomar decisiones políticas sobre la titularidad del servicio y el modelo de gestión”.
Los grupos quisieron saber si el ejecutivo hará un gesto público para reafirmar su papel como titular del servicio del agua en la ciudad, algo que cuestiona Mina. “¿Es verdad que Medio Ambiente prepara un expediente de establecimiento del servicio que llevará a pleno?”, preguntó Carles Caballero, de ERC-MES. “Al de marzo no -respondió Armengol-. El Ayuntamiento ya ha dejado claro que jurídicamente no hay duda sobre la titularidad municipal del servicio”.
La concesionaria Mina, sin embargo, sigue argumentando lo contrario. Lo ha hecho presentando recurso contra la decisión municipal de desestimar sus alegaciones al protocolo de transferencia de información propuesto por el Consistorio. Lo rechaza argumentando que la administración municipal no puede proponerlo al no ser el titular del servicio. La compañía ha solicitado el informe de los Servicios Jurídicos municipales que sustenta la resolución municipal.
