Los centros especiales de trabajo Fupar y Prodis, de Terrassa, y Cipo, con sede en Sabadell, presentaron ayer el Grup Cetsal, paraguas bajo el que agrupan esfuerzos para dar más y mejores servicios a sus clientes (particulares, empresas y administraciones) y potenciar su labor centrada en el trabajo para la inserción laboral de personas con discapacidad. De hecho, se trata de una “unión de voluntades” (las tres fundaciones mantienen su personalidad jurídica e idiosincrasia) que ha quedado enmarcada en un acuerdo a tres bandas.
Este pacto no ha sido nada difícil de sellar “porque todos compartimos un objetivo en común muy claro”, explicó ayer Ignasi Cusidó, presidente de Fupar. Este centro de trabajo acogió ayer la firma del convenio que sellaron, además de Cusidó, Maise Balcells, y Avel·lí Garrigós, presidentes, por este orden, de Prodis y Cipo. Cetsal da trabajo a novecientas personas en sus centros especiales de trabajo y ocupacionales; también emplea a 250 profesionales en los ámbitos laboral, social, terapias ocupacionales, vivienda y tiempo libro y ocio. Es por volumen de recursos humanos el grupo de estas características (privado y sin afán de lucro) “más importante del Vallès Occidental” y realiza una labor social que es imprescindible en las ciudades y comarca donde está implantado, añadió Cusidó. El acuerdo pretende mejorar la estrategia comercial y la prestación de servicios. “Todos tenemos puntas de trabajo; donde no llegué uno lo hará el otro”, dijo Maise Balcells. Pero no sólo eso, también persigue dar “visibilidad a las personas ocupadas en los centros especiales de trabajo, a su profesionalidad y competitividad”.
Cláusulas sociales
Durante la rueda de prensa de presentación del acuerdo, los representantes de Cetsal no obviaron algunos problemáticas que afectan al sector, y que desde este grupo se trabajará por intentar resolver. En este sentido, exigieron la articulación de cláusulas sociales en la contratación pública para que estos centros puedan competir en este tipo de licitaciones. Actualmente, se enfrentan a empresas convencionales que presentan “precios inaccesibles para nosotros”, dijo Balcells. Estos centros de trabajo son competitivos, aunque tienen el coste añadido del todo el trabajo de apoyo que requieren sus empleados, algo que no afronta la empresa convencional. “No competimos sólo por el precio, sino que hay que valorar todo el beneficio social que impulsan estas entidades. Tienen mucha capacidad (los empleados) pero también necesidad de apoyo”, se manifestó durante la rueda de prensa. Estas entidades prestan servicios en múltiples campos, como la jardinería, mantenimiento viario, limpieza, floristería o artes gráficas. “No estamos cerrados a crecer en servicios si generan empleo”, dijo Balcells. También ayudarán a cumplir la ley de inserción laboral de personas con discapacidad.
La subvenciones que otorgan las administraciones han caído en los últimos años, además, los convenios se pagan con retrasos. “Vivimos en la incertidumbre, eso de estar pendiente de si el Gobierno traspasa o no los fondos del FLA”, dijo Garrigós. Estas entidades deben incrementar su ingresos por la parte de sus actividades económicas propias. Y todo para profundizar en su labor social, que consiguieron mantener en los peores años de la crisis. “Aquí la prioridad son las personas por encima de todo. Hemos pasado épocas complicadas sin hacer ajustes de plantilla”, explicó Xavier Martínez, director de Cipo.
