La situación generada a raíz de la querella que quince agentes de la Policía Municipal han presentado por “injurias y calumnias” contra la concejal de la CUP Maria Sirvent sigue sin atisbo de resolverse más allá de llegar a los tribunales. Los agentes se querellaron contra Sirvent a raíz de su intervención en el pleno municipal de julio, en el que la concejal cargó contra el Grupo de Intervención de la Policía Local (antes Grupo de Intervención Especial, GIE), al que acusó de tener “una clara función de represión política de grupo antidisturbios”.
El conflicto abierto con la querella es, sin embargo, solo el último capítulo del periódico desencuentro que los grupos de izquierda antisistema de la ciudad (institucionalizados hoy en parte con la estrenada presencia de la CUP en el Ayuntamiento) mantienen con la policía. Y, muy en especial, con el Grupo de Intervención de la Policía Local, cuya solicitud de disolución ha sido uno de los históricos caballos de batalla de la formación anticapitalista.
Antecedentes
Durante su intervención en el pleno de julio, Sirvent aludió a algunos de los incidentes, tanto protagonizados por agentes del GIE como por otros- que han contrapuesto las posiciones de la policía con las de la izquierda antisistema. La concejal mencionó al que fuera uno de los más sonados, el llamado “Caso Jonathan”. Se produjo el 16 de septiembre de 2009, cuando Jonathan Carrillo Cantudo, vecino del Pla del Bonaire, moría en Mútua Terrassa después de que unas horas antes un agente “le propinara una bofetada en la cara”, según indicó el Tribunal de la Audiencia Provincial, que le hizo caer desplomado y golpearse la cabeza de una manera fatal.
En enero de 2015, los cuatro policías acusados resultaron absueltos, ya que la sentencia indicaba que no quedaba claro quién era el autor conocido de la agresión.
Pero aquel triste caso no ha sido el único que la izquierda antisistema ha hecho suyo en su alegato en favor de redibujar el modelo policial terrassense. Otro suceso que los anticapitalistas han convertido en bandera de reclamación fueron los altercados que en la noche del domingo 12 de mayo de 2013 ocurrieron en el Ateneu Candela y sus inmediaciones durante la celebración de una fiesta. Tras recibir una queja por ruidos en la calle y por el alto volumen de la música, los agentes se personaron en el lugar. Tras hablar con el responsable del centro, volvieron al cabo de un rato. La tensión creció y la situación derivó en cargas policiales, varios heridos y dos detenidos.
Nuevo modelo
La petición de los antisistema de revisar el modelo policial empezó a tomar más cuerpo este jueves, cuando el equipo de gobierno propuso dos llamativas medidas en el marco de la elaboración del nuevo Plan Director de la Policía Local. La primera, la idea de que los agentes incorporen cámaras en sus uniformes para resolver cualquier eventual sombra de duda que pueda haber en sus actuaciones. Y la segunda, desdibujar el controvertido Grupo de Intervención para integrarlo en una división policial mayor. Pero, ¿cuál es el origen de este grupo? El GIE se creó en febrero de 2004, en un momento de creciente inseguridad en determinadas zonas de Terrassa ante la progresiva disminución de la presencia de efectivos de la Policía Nacional en la ciudad, que paulatinamente iban a dar paso a los agentes de los Mossos d’Esquadra. Siete personas componían aquel equipo inicial, una suerte de escuadra de alta formación y dedicada a realizar tareas que requerían un seguimiento, como el consumo de drogas o el control de ciertas tribus urbanas.
Pero la izquierda antisistema adjudicó pronto el calificativo de “fuerza antidisturbios” a los componentes del GIE. En nada ayudó un caso como el de Mónica R.B., una activista social que en mayo de 2007 fue detenida, imputada y acusada de un delito de atentado tras enfrentarse a los agentes a la salida de un casal ocupado. Ni el del activista Francesc Argemí, “Franki”, que en 2010 fue denunciado por desorden público en una concentración de apoyo a Mónica R. B. organizada frente a los juzgados. El conflicto entre Sirvent y la policía es la última expresión de dos colectivos sociales, los antisistema y las fuerzas del orden, que parecen antitéticas por definición.
