Las derivaciones del "caso Mercurio" sobre presunta corrupción urbanística salpicaron a instituciones comarcales que ahora pasan a la ofensiva en el ámbito judicial, luego de las investigaciones administrativas internas. El Consell Comarcal se personará como acusación en aquellas causas del "caso Mercurio" que le afecten, como la del exgerente de residuos investigado por la utilización de su tarjeta.
El organismo comarcal aprobó esta personación el lunes, en un acuerdo de su comisión permanente, y el Consorci per a la Gestió de Residus lo acordó ayer. En los próximos días lo hará el de Turisme.
Los tres entes vallesanos, en los que está representada Terrassa, explicaron ayer los argumentos de su decisión, tomada una vez los nuevos equipos de gobierno surgidos de las últimas elecciones municipales "han analizado los datos de que disponían y los requerimientos judiciales que se habían recibido en relación con gastos y contrataciones". El consorcio de residuos ya examinó mediante una auditoría, en el mandato anterior, los gastos de su polémica gerencia y resolvió que, cuando menos, a algunos desembolsos les faltaban "una mayor justificación". Indagaciones internas "también podrían apuntar en el mismo sentido", indicó ayer el consejo en un comunicado.
"La decisión de presentarse como acusación particular se toma después de valorar la limitación del procedimiento administrativo, ya que hay una investigación judicial en curso", agregaron las instituciones comarcales, que con su personación "podrán colaborar y ser parte activa en la defensa de los intereses y los caudales públicos de los diferentes entes comarcales que se hayan podido lesionar".
No faltan los razonamientos éticos en el comunicado, que habla del compromiso de los gobiernos comarcales "con la transparencia de las administraciones públicas y con la voluntad de trabajar para recuperar la confianza de la ciudadanía" y de los propios empleados de los entes. "También se quiere restaurar el daño que se haya podido causar a la imagen de las instituciones", manifiesta.
Investigación y dimisión
Una de las salpicaduras del "caso Mercurio" la protagonizó el exgerente del consorcio de residuos, Francisco Fernández, que fue investigado sobre el uso de su tarjeta como técnico y se vio obligado a presentar su dimisión en noviembre del 2014 después de las sospechas sobre gastos efectuados entre enero del 2011 y diciembre del 2012. Una auditoría reveló presuntos desfases de más de 23.000 euros, y la comisión ejecutiva del consorcio abrió un expediente hace poco menos de un año.
La juez instructora del "caso Mercurio" investigaba a Fernández desde el verano del 2014 por supuestos cargos "irregulares", en forma de reintegros en metálico, con la tarjeta de crédito del consorcio.
