Más de 45.000 familias se han beneficiado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los hipotecados, que han permitido evitar más de 17.500 desahucios y asignar 4.000 viviendas a los colectivos más desfavorecido.
Según ha informado hoy el Ministerio de Economía, en los tres años y medio de vigencia del Código de Buenas Prácticas y después de haberse registrado 50.852 solicitudes, 23.640 familias han logrado acogerse a estas medidas para aliviar su deuda hipotecaria.
Esto ha permitido que en 18.620 ocasiones los bancos hayan modificado las condiciones de pago de la hipoteca para hacerla más llevadera y que más de 5.000 familias, en concreto 5.014, se hayan liberado del pago con la entrega de las llaves de su vivienda, lo que se conoce como la dación en pago.
En otros 6 casos, los bancos han optado por aplicar una quita como la forma más útil de aliviar la carga a los hipotecados, atendiendo a las recomendaciones que impulsó el Gobierno.
Pero además de quitas, reestructuraciones de la hipoteca y daciones en pago, 4.000 familias han conseguido un alquiler a precio reducido de una de las viviendas que la banca aportó para constituir el Fondo Social de Vivienda y se han suspendido 17.551 desahucios.
Pero volviendo al Código de Buenas Practicas, en el primer semestre del año, las entidades recibieron 13.436 solicitudes, un 17,8 % más que durante la segunda mitad de 2014, a pesar de que la situación económica haya mejorado.
De las solicitudes recibidas, se han resuelto un total de 7.141 operaciones, un 7,7 % más, y de ellas, en 5.970 casos se concluyó con una reestructuración viable de la deuda pendiente (15,7 % más) aunque las daciones en pagos se redujeron más de un 20 %, hasta 1.171. Ninguna operación finalizo con una quita.
El Código de Buenas Prácticas fue una de las medidas estrellas del ministro de Economía, Luis de Guindos, para frenar el drama de los desahucios a poco de llegar al Gobierno, pues se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de las entidades con actividad hipotecaria en España, hasta 95 en la actualidad.
El Ejecutivo impulsó este código de adhesión voluntaria pero de cumplimiento obligatorio inicialmente durante dos años para las entidades firmantes, con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para pagar sus hipotecas por estar en paro o directamente sin ingresos.
Se establecieron tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a Euríbor +0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.
Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse a estas medidas, pues se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas.
Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50 % de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad familiar, que debía carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
El Gobierno ha ampliado en dos ocasiones el ámbito de aplicación tanto del Código de Buenas Prácticas como del Fondo Social de Vivienda para dar cabida a un mayor número de familias.
El límite anual de renta familiar pasó de 19.170 a 22.365 euros, se incluyó a mayores de 60 años, se elevó el límite de precio de compra de los inmuebles desde los 250.000 a 300.000 euros y se eliminó las cláusulas suelo para estos casos.
