Tras el anuncio de Foment del Treball de llevar a su comisión de régimen interno si la configuración y actuaciones de Cecot (en alusión a su expansión fuera de su territorio de origen en la comarca del Vallès), van en contra de los estatutos de esta patronal, está latente como razón profunda el distanciamiento “personal” que nació hace ocho años cuando Joaquim Gay de Montellà llegó a la presidencia de Foment en un momento en que Antoni Abad, máximo responsable de Cecot, se posicionó en el lado opositor y como la alternativa renovadora. Desde entonces, dicen fuentes empresariales conocedoras del proceso consultadas por Diari de Terrassa, Montellà “que hay que recordar que fue elegido sin proceso electoral, no ha tenido ninguna simpatía respecto al señor Abad”.
Cinco meses antes de irse a presidir la Ceoe, Joan Rosell ganó las elecciones en Foment contra Joaquim Boixareu, que encabezaba una candidatura crítica de la que inicialmente formó parte Abad. El presidente de Cecot terminó dando su apoyo a Rosell, y fue uno de sus vicepresidentes después de las elecciones, pero cuando Gay de Montellà tomó las riendas de la patronal, dejó a Abad fuera del comité ejecutivo.
De momento, Cecot, y a pesar de que la “guerra abierta” ha estallado a toda luces, se limita a decir que sólo ha recibido una escueta nota de Foment sobre su última reunión del comité ejecutivo, en la que se envía a la patronal terrassense “por unanimidad” a esa comisión para analizar sus actuaciones pero que no detalla nada más. “Hasta que no tengamos más documentación por escrito, para nosotros no pasa nada. Evidentemente, han surgido muchas filtraciones que recogen los medios, pero oficialmente no sabemos nada. Otra cosa distinta es lo que nosotros podamos pensar”, dice David Garrofé, secretario general de Cecot.
Posicionamiento político
Detrás de este enfrentamiento, y esto es algo conocido, también se encuentra el diferente enfoque que Antoni Abad y Gay de Montellà mantienen sobre el proceso político en Catalunya. Abad ha defendido públicamente el derecho de Catalunya a decidir su futuro e incluso ha manifestado ver con buenos ojos una hipotética independencia de esta comunidad. Por contra, Gay de Montellà ha apelado siempre al diálogo entre los gobiernos español y catalán y ha advertido de las negativas consecuencias que tendría para la economía una eventual independencia unilateral de Catalunya. Por lo tanto, el problema de
fondo no parece estar tanto en los estatutos, que es lo que analizará la comisión, sino en el ámbito personal y político. Así opinan las citadas fuentes empresariales consultas por este rotativo. Cecot no entra a valorar estos planteamientos aunque adelanta que dará a conocer su punto de vista en los próximos días. Fuentes patronales que cita la agencia Efe aseguran que el motivo que ha originado el enfado “definitivo” de Foment ha sido la decisión de Cecot de dar servicio a empresas de fuera de su ámbito de actuación. Cecot defiende que su estrategia en este sentido es impecable. El argumento: la patronal terrassense no excede su ámbito territorial, sino que da servicio a sectores que son de ámbito catalán. Se da la circunstancia, además, de que Cecot celebrará el próximo 9 de noviembre en Barcelona, por segundo año consecutivo, su Nit de l’Empresari, evento que se realizaba tradicionalmente en Terrassa. Esa decisión ya generó “un monumental enfado” en parte de la dirección de Foment en 2014. Al margen del origen de la disputa, lo cierto es que Foment ha dado un paso insólito para determinar si su asociada Cecot ha actuado o no conforme a los Estatutos de la organización empresarial y, en tal caso, adoptar las medidas disciplinarias pertinentes, entre ellas la expulsión.
Justificar la estrategia
La comisión ejecutiva de Cecot y sus máximos colaboradores tendrán la oportunidad de justificar los actos de los últimos años que podrían contradecir el código ético vigente ante el citado órgano de vigilancia presidido por Josep Manuel Basáñez. El encargo a la comisión es precisamente ese, analizar las acciones de Cecot durante los últimos años que podrían chocar con el reglamento de la patronal aprobado en 2013 que marca, por ejemplo, que cada organización respetará su territorio de referencia o que todas las actuaciones tendrán como “objetivo prioritario el interés común del empresariado que Foment representa”.
En cualquier caso, dicen fuentes próximas a Foment de Treball, la prudencia imperará a la hora de tomar una decisión que puede sentar un precedente en la gran patronal catalana, que buscará fórmulas de entendimiento con la territorial presidida por Antoni Abad.
