Terrassa en Comú, el primer partido de la oposición municipal, lleva el jueves al pleno una propuesta de resolución en la que plantea que Terrassa sea la primera ciudad en aplicar la ILP contra la pobreza energética y habitacional, promovida por la PAH y varias entidades sociales. Aprobada el pasado 23 de julio y vigente desde el 6 de agosto, el grupo municipal insta al ejecutivo a adoptar un papel activo en la aplicación de la norma, impulsando un plan de choque que acelere la oferta de vivienda asequible de alquiler social a las familias sin recursos.
El grupo del PSC, por su parte, también lleva el tema al pleno, aunque en diferentes términos. Los socialistas reclaman a la Generalitat que desarrolle la ILP y los protocolos de intervención de los servicios sociales, que impulse acuerdos con las compañías suministradoras para que concedan ayudas a fondo perdido y, entre otros aspectos, que dote a los ayuntamientos de recursos para afrontar las obligaciones derivadas de la ley.
Si no logran consensuar un texto unitario, gobierno y oposición debatirán en el pleno si el Ayuntamiento toma la iniciativa en la aplicación de la ILP, al margen de la tramitación pendiente. Terrassa en Comú entiende que la única medida sujeta a despliegue reglamentario es la relacionada con los casos de sobreendeudamiento. "El resto son de cumplimiento inmediato y de competencia municipal", afirma.
El grupo propone que el Ayuntamiento destine todo su parque de vivienda pública a alquiler social, que elabore, en el plazo de dos meses, un censo de las familias en riesgo de exclusión desahucio y de las ocupaciones "de buena fe", otro del parque de viviendas vacías en manos de los bancos, y que diseñe un programa integral para poner a disposición los pisos vacíos.
Además, el grupo propone el ejecutivo de Jordi Ballart que "ordene" a Mina la suspensión de los cortes de suministro a las familias en riesgo de exclusión residencial.
"Se cumplen cien días del inicio del mandato y tenemos la percepción de que el gobierno desconoce la dimensión real del problema, lo que le incapacita para hacerle frente", comentaba ayer el concejal de TeC Xavier Matilla en rueda de prensa.
El grupo recuerda que el Ayuntamiento "dispone de 950 pisos en alquiler social y 650 privados en mediación para alquiler social. En total, 1.500 las viviendas vacías para dar respuesta a 3 mil solicitudes". Ese desfase "evidencia la inoperancia y pasividad del gobierno", que "tira pelotas fuera" apelando a la Generalitat. "El Ayuntamiento tiene mil expedientes abiertos a los bancos con pisos vacíos en cumplimiento de la Llei d’Habitatge -explica Xavi Martínez, concejal de TeC-. Con la ILP, en tres meses esos pisos pueden estar en disposición de ser destinados a alquiler social".
Hace unos días, Lluïsa Melgares se refería en comisión informativa al problema derivado de las multas a los bancos. "Muchas de esas viviendas están en tan mal estado que no pueden ser ocupadas, necesitan de una inversión importante para dotarlas de condiciones y cédula de habitabilidad".
Expuestos los términos del debate, los grupos municipales apuran esta semana las negociaciones con el objetivo de transaccionar una propuesta común. "Los textos están muy alejados -apuntaba ayer Matilla-, pero nuestra intención es poder llegar a un acuerdo". Si no hay pacto, la ILP pondrá a prueba una vez más el juego de las mayorías en el pleno.
