El grupo municipal socialista, partido que gobierna en el Ayuntamiento junto con CiU, presentará en el pleno de este mes una propuesta por la cual insta al Govern de la Generalitat, compañías suministradoras, jueces y abogados que haga efectiva la nueva ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. De la propuesta destaca la petición de que remita el censo de viviendas vacías en manos de entidades bancarias y fondos de inversiones para incorporarlos al fondo de vivienda social.
En la presentación, la responsable de la comisión de derechos y justicia del PSC local, Lluïsa Melgares, explicó que "esta ley debe contribuir a desarrollar el derecho a una vivienda digna y adecuada" y subrayó que "obliga a los poderes públicos a garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos" para añadir que "el objetivo final es evitar los desahucios y los cortes de suministro básico a las personas más vulnerables". Al respecto Melgares indicó que "todas las familias que se hallen en situación de riesgo de pérdida de su vivienda, deberán recibir una oferta de alquiler social antes de ser desahuciadas. Lo ideal sería que les propusieran un alquiler social de la misma vivienda donde residen". La representante del PSC destacó uno de los puntos de la propuesta en la que reclaman al Govern que remita en un plazo de siete días la relación de viviendas vacías susceptibles de ser objeto de cesión para el fondo de vivienda social. Melgares añadió que "la Generalitat es quien tiene constancia de quienes son los propietarios y es por eso que pedimos que nos hagan llegar una lista a cada ayuntamiento que nos permita conocer esta información y poder actuar".
Suministros
La propuesta también hace un llamamiento a las compañías suministradoras de los servicios básicos para que lleguen a acuerdos con los ayuntamientos que incluyan compromisos de responsabilidad social. Sobre este punto, Melgares denunció que "aún no se ha aprobado un protocolo oficial de comunicación con las eléctricas y el gas, un hecho que atribuyó a la falta de voluntad de las compañías. Aquí remarcó también que "la ley obliga a que todas las compañías destinen ayudas a fondo perdido y este fondo debería estar en consonancia con el nivel de facturación que genera en el municipio".
Con esta moción, lo socialistas locales se suman a la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que hizo pública el miércoles, ante los juzgados, y en la que exigió el cumplimiento de la ley a jueces y sobre todo al Govern de la Generalitat.
