Todo partido político con mínima sensibilidad social está proponiendo medidas contra la pobreza. Pero la pobreza es la manifestación extrema de una desigualdad creciente en nuestra sociedad. La distancia entre el 20% con más rentas y el 20% que percibe menores rentas es de 7,2 veces, el peor dato en Europa, seguido por Grecia, Letonia y Rumanía. Esta situación, agudizada en España, es un fenómeno que se extiende a todos los países desarrollados como resultado de la digitalización de la economía y la excesiva influencia política de grandes empresas y del mundo financiero. Se debería pensar en medidas estructurales que reviertan esta tendencia.
Una de ellas pudiera ser un impuesto negativo sobre la renta. Existe en España un mínimo exento, que representa aquellos ingresos tan bajos que no están obligados a pagar IRPF, situado en 11.120 euros. El impuesto negativo generaría el derecho a percibir del Estado un pago por un porcentaje de la diferencia entre ingresos anuales menores y ese mínimo exento. Supongamos que hoy se fijara el porcentaje en el 20%. Un trabajador que hubiera ganado en el año 6.000 euros (fruto de su trabajo más todas las ayudas a las que tenga derecho) recibiría del Estado un pago adicional de 1.024 euros (el 20% de la diferencia entre su renta y el mínimo exento), y tendría una renta anual de 7.024 euros. Un trabajador en paro y sin ingresos recibiría 2.224 euros. Ambos estarían cubiertos por el impuesto negativo, pero al estar éste fijado en cantidades básicas y ser compatible con ingresos por trabajo no desincentiva la búsqueda activa de empleo.
A este mínimo, que sería un nuevo derecho universal, se le podrían y deberían introducir multiplicadores adicionales para personas con derecho al impuesto negativo y que tienen dependientes a su cargo, de modo que podría afinarse para luchar de modo inmediato contra la pobreza.
Fragmento del artículo de Manuel Escudero publicado en El País
