El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) ha negado hoy que abusara de su cargo para que se anularan sendas multas de tráfico impuestas a su esposa y a sus hijos en 2012, y ha apuntado que las conversaciones que mantuvo con el jefe de la Policía Local sobre esas sanciones fueron malinterpretadas.
En la sección décima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra Manuel Bustos, para quien la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación por dos delitos de tráfico de influencias por dar presuntamente indicaciones a la Policía Local para que cancelara las multas de sus familiares.
La causa se deriva de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco del “caso Mercurio”, una investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas con epicentro en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) que se dividió en una treinta de piezas -varias de ellas contra Bustos-, de las que cerca de la mitad han sido archivadas.
Por la supuesta anulación de las multas a la esposa y los hijos del exalcalde de Sabadell se sientan también en el banquillo Josep Miquel D., exintendente de la Policía Local que supuestamente llevó a cabo las gestiones para retirar las multas y para quien la Fiscalía pide seis años y medio de cárcel, así como el excoordinador de Espacio Público del municipio Xavier I., que afronta una multa de 1.800 euros.
En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que Bustos telefoneó el 28 de marzo de 2012 al intendente de la Policía Local para pedirle que “arreglara” la multa que un inspector del servicio municipal de grúa había impuesto al vehículo de su esposa, por estar estacionada en una parada de transporte público.
Tras esa llamada telefónica, añade el escrito, el exintendente de la Policía Local dio las órdenes necesarias para que la sanción de tráfico no prosperara, indicando a un subalterno suyo que procediera a anularla por adolecer de “vicios probatorios”.
En el segundo de los casos, ocurrido en junio de 2012, la Fiscalía mantiene que Bustos llamó al exintendente y al también acusado Xavier I., amigo personal de la familia, para que “solucionara” un asunto, después de que la grúa municipal se llevara el coche que utilizaban dos hijos del exalcalde, porque estaba estacionado en una zona de carga y descarga.
Ambos acusados, añade la Fiscalía, atendieron directamente a los hijos de Manuel Bustos hasta conseguir que recuperaran su coche sin coste económico alguno, para lo que el exintendente abonó la tasa de retirada de vehículo -que ascendía a 133,50 euros-, con dinero de la caja de ese cuerpo policial.
En su declaración en el juicio, Bustos se ha negado a responder a las preguntas relacionadas con las conversaciones telefónicas que sustentan la acusación, dado que su defensa las ha impugnado ante el tribunal al considerar que son nulas tanto las escuchas como la investigación que se deriva de ellas.
No obstante, el exalcalde ha aclarado que “en ningún caso” dio instrucciones a la Policía Local para anular las multas y, tras esgrimir numerosas sanciones de tráfico que tanto él como sus familiares han pagado debidamente, ha apuntado a que la acusación de la Fiscalía es fruto de malentendidos sobre esas conversaciones.
En el caso de la primera de las sanciones, impuesta a su mujer cuando dejó el coche mal aparcado frente a las puertas de la guardería de sus hijos, Bustos ha aducido que era injustificada, porque en Sabadell existe una norma “no escrita”, previa a su mandato como alcalde y que aún se mantiene, que permite cierta “tolerancia” con los vehículos que se detienen a las puertas de las escuelas, en la franja horaria de entrada y salida de alumnos.
Según el alcalde, cuando llamó al intendente fue para hacerle llegar su “indignación personal por haber vivido una situación injusta” y sugerirle que reconviniera a la empresa de grúas, una sociedad externa del ayuntamiento que cobraba un plus por cada coche retirado.
En el segundo de los casos, Bustos ha justificado su llamada al intendente en la situación de excepcionalidad y “urgencia médica” que sufría su hijo, un joven con discapacidad psíquica y en tratamiento contra el cáncer al que su hermano de 19 años llevó a someterse a una prueba médica, tras lo que dejó el coche aparcado en un zona de carga y descarga de Sabadell.
Según el exalcalde socialista, si llamó al intendente de la Policía Local es para pedirle que se “ocupara de la situación” y protegiera a sus hijos en esas “excepcionales” circunstancias: “me remití a las personas que yo pensaba que podían encargarse de ellos”, ha agregado.
“De manera reiterada dije que pagaran lo que tenían que pagar”, ha insistido Manuel Bustos, que ha recalcado que su intención en todo momento era evitar que sus hijos “pudieran convertirse en un objetivo” para dañarle a él mismo.
La Fiscalía mantiene que, para que los hijos de Bustos recuperaran su coche, el exintendente abonó la tasa de retirada de vehículo -que ascendía a 133,50 euros- con dinero perteneciente a la Policía Local que se guardaba en una caja de seguridad.
No obstante, el exalcalde ha asegurado hoy que devolvió el importe correspondiente por la retirada del vehículo “al día siguiente” del incidente.
