La mujer, ya mayor, padecía una demencia senil que le impedía valerse por sí misma para todas las actividades básicas de la vida diaria y menos aún para llevar el control de su economía. La mujer, rubinense, fue en 2009 declarada, mediante una sentencia, incapacitada "para el gobierno de su persona y todo acto de administración y disposición de sus bienes", decía el fallo, por lo que le fue nombrada una tutora.
Entre 2009 y 2012, la tutora en cuestión extrajo de dos cuentas bancarias de la mujer mayor, que se encontraba en una residencia, más de 38 mil euros en múltiples movimientos. Y lo hizo "aprovechando el acceso a su patrimonio" y con unos intereses "ajenos" a los de la incapacitada, dice el fiscal en su escrito de acusación, quien solicita para la imputada cuatro años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida; nueve meses de multa con una cuota diaria de 15 euros (cuatro mil en total) y la restitución del dinero sustraído. Está previsto que la sección segunda de la Audiencia Provincial celebre hoy el juicio.
Residencia
Explica el Ministerio Público que a consecuencia de estas sustracciones, la mujer mayor tuvo que abandonar la plaza que ocupaba en la residencia Virgen de la Puerta, en Valldoreix (Sant Cugat), al no poder sufragar la cuota, y se trasladó a la residencia Verge de Montserrat, en La Floresta (también en Sant Cugat). Advierte además el fiscal que en la primera pagaba 1.300 euros al mes, mientras que en la segunda la cifra es de 798 euros, "superior a los ingresos" de la víctima, dice el Ministerio Público, que los cifra en 788 euros.
Desde mayo de 2009, cuando inició la tutela de la víctima, hasta finales de julio de 2012, la acusada realizó 53 reintegros en una cuenta por un valor conjunto de 28.600 euros y 21 en otra que ascendían a casi 9.700 euros.
En el inventario de bienes que se hizo de la víctima cuando pasó a ser tutelada constaban dos cuentas bancarias -con casi 21.500 euros una y 20 mil la otra-; unas participaciones preferentes por valor de nueve mil euros; una vivienda en Rubí y una porción de terreno en Vespella (Tarragona).
Señala el fiscal en su escrito de acusación que la mujer mayor acabó siendo tuletada porque presentaba una demencia senil que "alteraba de forma irreversible su capacidad mental, su capacidad para todas las actividades básica de la vida diaria, para las relaciones sociales y para el control económico y el gobierno de sus bienes".
