El Ayuntamiento de Sant Cugat quiere construir un millar de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler en los próximos 12 años en el municipio, según informó el Consistorio. El equipo de gobierno liderado por la alcaldesa Mercè Conesa (PDeCAT) se ha marcado como objetivo conseguir que el 5% del total de viviendas del municipio sea de alquiler protegido. Esta previsión queda recogida en el ‘Pla d’Acció 2030’, un extenso documento que analiza y planifica las actuaciones futuras de la empresa pública municipal Promusa, garantizando también su viabilidad en un horizonte a medio plazo.
Concretamente, para el año 2030 se fija como meta que en Sant Cugat haya un total de 1.857 viviendas de alquiler protegido, lo que supone un 5% de las 37.149 viviendas que se calcula que habrá ese año en el municipio.
De estas 1.857 viviendas, Promusa ya tiene construidos 459 y en los próximos años prevé edificar 1.087 pisos más, por lo que también se prevé que otros promotores públicos o privados hagan 311 pisos más para completar el parque de viviendas de alquiler protegido.
El objetivo, por tanto, es concentrar todos los esfuerzos en el alquiler social, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda e intentar contener los precios del mercado libre. De hecho, el Ayuntamiento ya no construirá más vivienda pública de venta, sino que a partir de ahora todo será de alquiler social. En la actualidad, el ratio de vivienda pública de alquiler en Sant Cugat es del 1,45%.
No en vano, Sant Cugat es la cuarta ciudad catalana donde el alquiler es más caro, con una media de 1.095 euros mensuales, según recoge el último informe de coyuntura inmobiliaria residencial de alquiler elaborado por la Associació de Promotors de Catalunya.
Para hacer posible los objetivos de este plan de acción, Promusa tiene previsto invertir inicialmente 46 millones de euros hasta el año 2023, de los que el Ayuntamiento aportará un 30% del total. La inversión seguirá aumentando hasta llegar al año 2030.
En el pleno municipal de este mes, celebrado esta semana, se aprobó, con los votos a favor del PDeCAT, PSC e ICV y la abstención de ERC, Ciudadanos, CUP y PP, una transferencia plurianual del Ayuntamiento (2019-2023) de diez millones de euros a Promusa.
A esta cifra hay que añadir dos millones de euros ya aprobados en el presupuesto del 2018, por lo que se garantizará una aportación total a Promusa de 12 millones de euros en el periodo 2018-2023.
Paralelamente, el Consistorio ha concretado un fondo económico para recuperar viviendas protegidas de venta a través del sistema de tanteo y retracto. La recompra de estas viviendas servirá per incorporarlas al parque de alquiler protegido. En concreto, cada año se destinarán 300 mil euros como mínimo a este fondo de recuperación. En cualquier caso, en caso de transmisión, Promusa se asegura no perder nunca la opción de tanteo y retracto en el futuro.
Desde su creación en el año 1989, la empresa municipal de vivienda Promusa ha construido un total de 1.724 pisos protegidos en Sant Cugat: 1.265 en régimen de venta y 459 en régimen de alquiler. Se trata de uno de los parques de vivienda pública municipales más grandes de Catalunya.
