La decisión del Ayuntamiento de Viladecavalls de cerrar por deficitario el mercadillo de los sábados que se lleva a cabo en el polígono industrial de Can Trias desde 2008, acuerdo que fue aprobado en el último pleno municipal por unanimidad, no ha gustado nada a algunos paradistas, que han llevado el caso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
De momento, la decisión de suprimir el mercadillo ha sido suspendida de forma cautelar por el juez a petición de los paradistas. El magistrado reunirá a las diez de la mañana de hoy a las partes en una vista oral, donde tras escuchar a ambas partes decidirá si mantiene la suspensión o la levanta. En el primer caso, mañana seguirá habiendo mercadillo hasta nueva orden, mientras que en el segundo se hará efectiva la decisión del Consistorio, que en el acuerdo aprobado por el pleno ya tenía previsto que éste dejase de funcionar mañana mismo.
Inviabilidad económica
El recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha sido presentado por 24 de los 65 paradistas del mercadillo, que solicitan que se anule la decisión del Ayuntamiento de suprimirlo. Defienden en su recurso que la resolución municipal "peca de precipitación" y que "más que obedecer al interés público, parece destinada a ahorrar al Ayuntamiento una responsabilidad" que tiene "atribuida por ley".
En su demanda, los paradistas, que acusan al Ayuntamiento de "decidir de una semana para otra" la supresión del mercadillo, aluden a una ley de la Generalitat de 2015 que afirma que "las autorizaciones (de paradas) tendrán una duración mínima de 15 años, periodo mínimo en el que se calcula la amortización de la inversión necesaria para el ejercicio de la venta". Y reclaman una indemnización por el tiempo que hasta alcanzar esos 15 años dejarán de tener parada si finalmente se suprime el mercadillo.
La decisión de cerrar el mercadillo se tomó en el pleno del pasado mayo con el apoyo de todos los grupos municipales. En la resolución se explica que el acuerdo viene dado por la negativa de la empresa que lo gestionaba desde 2013, UVA Mercats-Catalans, a seguir con esta actividad "por inviabilidad económica del servicio".
En el mismo escrito, el Ayuntamiento hace referencia a diferentes informes para rechazar la posibilidad de gestionarlo directamente por "imposibilidad económica y técnica" y recuerda asimismo que el mercadillo "no constituye una competencia propia de carácter obligatorio".
Sobre la celeridad con la que ha tomado esta decisión, sin un periodo de información previo a la adopción del acuerdo, el Ayuntamiento se justifica señalando "la imposibilidad de ofrecer el servicio con unos mínimos de seguridad y salubridad".
"No podemos continuar con un servicio que es deficitario desde hace años", afirmó ayer la alcaldesa de Viladecavalls, Cesca Berenguer, quien pronosticó que en la vista oral de hoy "el juez nos dará la razón". Incluso se mostró convencida de que la suspensión cautelar de la decisión de cerrar el mercadillo será levantada hoy mismo por el magistrado "una vez que escuche nuestros motivos".
En cualquier caso, la dirigente municipal matizó que si el juez mantiene la suspensión cautelar, "no tendremos ningún problema" en que el mercadillo abra mañana. Al respecto, en su recurso, los paradistas solicitan al juez que si finalmente mañana hay mercadillo el Consistorio garantice las correspondientes medidas de seguridad y salubridad.
La primera edil desveló que a día de hoy "solo siete paradistas (de los 65 que hay) están a corriente de pago" con la empresa UVA Mercats-Catalans, la cual arrastra unas deudas importantes con el Ayuntamiento. "En lo que va de año nos debe al menos siete mil euros", dijo Berenguer, y añadió que esta situación de endeudamiento se remonta como mínimo a 2014. "Es una situación en la que no podemos continuar. El mercadillo hace tiempo que se está muriendo, que anda de capa caída, y por eso, aunque no es agradable, hay que cerrarlo", afirmó la alcaldesa.
