Un funcionario de los Juzgados de Rubí se apropió de un total de 43.850 euros pertenecientes a la administración de Justicia con la complicidad de otra persona. Lo hizo emitiendo treinta mandamientos de pago por diversos importes -a cargo de una cuenta de titularidad del juzgado- a favor de su compinche, aprovechando su condición de letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Rubí.
La Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto juzgar a ambos el lunes en un juicio con jurado. En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía los acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, delito por el que pide una pena de cuatro años y medio de cárcel para cada uno de los imputados.
También reclama el Ministerio Público que ambos sean inhabilitados durante nueve años para el desempeño de empleo o cargo público y que indemnicen conjuntamente al Estado con 28.400 euros, que es la cantidad sustraída de las cuentas de titularidad pública de Justicia no restituida por los acusados durante la tramitación de la causa.
En su escrito de acusación, el fiscal aplica al funcionario imputado la atenuante de reparación del daño, después de que devolviese 19.900 euros del total de dinero sustraído durante la instrucción de la causa. A su compinche, por su lado, se le aplica otra atenuante por no ostentar la condición de funcionario público.
El empleado de los Juzgados de Rubí, sin antecedentes penales, es funcionario de carrera del cuerpo de Gestión Procesal del Ministerio de Justicia desde 1990, actuando en el periodo en el que cometió el supuesto delito, entre julio de 2013 y mayo de 2014, como letrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Rubí.
Así fue como en ese espacio de tiempo, el funcionario emitió un total de treinta mandamientos de pago por diversos importes -de 250 euros el más bajo y 2.800 el más alto, de entre un amplio abanico- a favor de su cómplice, “quien actuaba de acuerdo con el anterior y con el fin común de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito”, afirma el fiscal en su escrito.
Esos treinta mandamientos de pago fueron realizados a cargo de cantidades ingresadas en las cuentas de Depósitos y Consignaciones abiertas bajo la titularidad del juzgado donde trabajaba el funcionario. Ese dinero estaba destinado a diferentes procedimientos judiciales, en los que el cómplice del funcionario no era parte ni tenía derecho a percibir prestación económica alguna.
Esos mandamientos de pago, que fueron en todos los casos cobrados de forma indebida y fraudulenta por el cómplice, ascendieron a un total de 43.850.
