Los Mossos d’Esquadra han detenido a doce personas que presuntamente formaban parte de una red que cultivaba marihuana en poblaciones cercanas a Barcelona, entre ellas Rubí y Sabadell, y la vendía en dos clubes cannábicos de la capital catalana. La policía catalana detalló ayer en un comunicado que los detenidos son de nacionalidad serbia, japonesa, bielorrusa y española, a quienes se achacan los delitos de organización criminal, blanqueo de capital y contra la salud pública.
La investigación empezó en junio de 2016 con el hallazgo de una nave industrial donde se cultivaba maría y culminó el pasado día 7 con un operativo policial -realizado junto con los servicios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria-, que implicó el registro de ocho domicilios, cinco naves industriales y las dos asociaciones cannábicas.
Durante la investigación se determinó que el cultivo de plantaciones de marihuana indoor tenía lugar en varias naves de los municipios de Rubí, Sabadell, El Prat, L’Hospitalet y Sant Andreu de la Barca. Por su parte, las asociaciones destinatarias de la capital catalana estaban situadas en el distrito de Sant Martí y la Barceloneta.
Además, se detectó otra línea de negocio ilícita de la organización, consistente en la creación continúa
de asociaciones cannábicas que inscribían y registraban con el fin de vender la licencia a terceros y así
obtener ingresos en efectivo por el traspaso de las asociaciones.
Durante los registros, los Mossos intervinieron cinco mil plantas de cannabis sativa, sustancia estupefaciente al por mayor, y más de un millar de bolsitas de cannabis y hachís preparadas para el tráfico en las asociaciones.
También encontraron 60 mil euros en efectivo, numerosa documentación relacionada con la actividad investigada y varios equipos informáticos, y en paralelo se bloquearon cuentas bancarias e inmuebles por orden judicial.
Entre los doce detenidos, seis de los cuales han ingresado en prisión, figuran el jefe de la organización, el tesorero -al que se le intervinieron 40 mil euros en varios sobres- y varios profesionales cualificados que aportaban sus conocimientos en beneficio de la actividad criminal.
La estructura de la red evolucionó con el tiempo, de forma que sus gestores habían creado un entramado de empresas, algunas de las cuales de las denominadas “empresas pantalla”, que les servían para alquilar inmuebles, establecimientos, constar en los contratos de suministros y abrir cuentas bancarias.
El análisis de la actividad económica realizado por agentes de Vigilancia Aduanera evidenció que los investigados habían gastado 1,1 millones de euros en los últimos dos años, y habían realizado movimientos bancarios con imposiciones en efectivo en ventanilla o cajero por valor de 500 mil euros.
