El Ayuntamiento de Rubí ha dado luz verde de manera inicial a las ordenanzas fiscales de 2017. Lo hizo en un pleno extraordinario con los votos a favor del PSC (en el equipo de gobierno), Alternativa d’Unitat Popular (AUP) -formación con la que el ejecutivo local llegó a un acuerdo para aumentar el IBI de los pisos vacíos- y Ciutadans. ICV, PP, PDC y VR votaron en contra, mientras que ERC se abstuvo.
Las ordenanzas fiscales de 2017 mantienen la congelación de la presión fiscal para los rubinenses, de forma que el próximo año pagarán prácticamente los mismos impuestos que este 2016.
En cuanto a las tasas municipales y precios públicos, se mantienen las tarifas y cuotas sin incrementos generales, sólo con pequeñas variaciones para ajustarlas al coste de cada servicio. Así, habrá una nueva clasificación de los precios de los cursos de formación, ya que la voluntad del equipo de gobierno es apostar por ellos como motor de desarrollo tanto de las personas como de la economía.
"Esta aprobación inicial nos abre la puerta a obtener unas ordenanzas que deben ser eficientes y que nos deben permitir alcanzar los retos de una ciudad mejor, con servicios de calidad", explicó el concejal de Economía y Hacienda, Moisés Rodríguez.
"Mantenemos el alcance de los beneficios fiscales, teniendo muy presente siempre el valor de la justicia social, porque este equipo de gobierno facilitará ayudas a las personas más desfavorecidas y trabajará para preservar sus derechos básicos, como el derecho a la vivienda", añadió Rodríguez en el pleno.
Y puso como ejemplo el compromiso de tirar adelante en 2017 la tasa que gravará a los grandes tenedores de pisos vacíos de larga duración. En concreto, la ideas es desplegar en las ordenanzas del próximo año un recargo del 50% sobre el IBI a todos aquellos propietarios que se compruebe que disponen de viviendas vacías de larga duración.
La medida prevé también garantizar los derechos de los propietarios y priorizar su colaboración. Por ello, primero se comprobará la existencia de una vivienda vacía y se propondrá un acuerdo al propietario. Este trámite supondrá el pago de una tasa por la prestación de oficio de esta comprobación. Todo el proceso se regulará a través de un reglamento que debe estar listo el primer trimestre del año próximo.
Otra novedad son cambios en los plazos de liquidación de las escuelas, que se hará a mes vencido, ajustándose a la realidad de cada alumno. Asimismo, se mantienen las exenciones y bonificaciones aplicadas durante este ejercicio.
Para el equipo de gobierno, las ordenanzas fiscales de 2017 contribuirán a la estabilidad presupuestaria y la solvencia financiera de acuerdo con los objetivos del mandato: la reactivación económica, la cohesión social y el mantenimiento y mejora del espacio público.
