El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que dará respaldo jurídico a su exlíder Humberto Moreira, detenido el viernes en España por lavado de dinero, si este lo pide y confió en que la Justicia actúe privilegiando las pruebas. Moreira residía en Sant Cugat del Vallés desde el año 2013, localidad a la que, según sus propias declaraciones, se trasladó después del asesinato de su hijo José Eduardo el 3 de octubre de 2012, al parecer a manos de presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas.
En declaraciones a los medios de comunicación en el occidental estado de Colima, el presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, negó que la captura del exgobernador del estado de Coahuila (2005-2011) afecte a la formación política.
Dijo que están atentos al desenlace de las investigaciones en España “y confiados en que Humberto Moreira pueda presentar una justificación sobre lo que se le acusa”.
Interrogado sobre si el PRI dará respaldo jurídico al político, señaló que “si él lo solicita como militante, nosotros tendríamos que llevarlo a cabo, pero no lo ha hecho”.
Reiteró que el partido no tiene “suficiente información” sobre las acusaciones en contra del político, por lo que llamó “a tener serenidad y, al mismo tiempo, evitar hacer prejuicios que estén lastimando a las personas”.
En el PRI “no generamos prejuicios, pero tampoco exoneramos a las personas. Esperaremos a que la Justicia, en el lugar en donde actúe, lo haga con puntualidad, pero también con un esmero de privilegiar las pruebas”, aseveró.
El juez español José de la Mata envió al expresidente del PRI a prisión preventiva la noche del viernes al considerar que existía “un claro riesgo” de que se fugara y también de que destruyera pruebas.
El magistrado indicó que el político había recibido transferencias por 199.079,48 euros en sus tres cuentas en España, un monto que sus explicaciones “no justifican por ahora” y que pueden estar relacionadas con blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
El investigado fue presidente del PRI de marzo a diciembre de 2011, cargo que dejó al verse involucrado en el caso de la supuesta contratación irregular de deuda pública durante su Gobierno en Coahuila.
