El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama determinó una prórroga de dos años más de prisión preventiva para los tres procesados en relación con los atentados de Cataluña el 17 de agosto de 2017, ante el vencimiento este mes de agosto del plazo de los dos primeros años, cuyo límite máximo son 4 años. Según fuentes jurídicas, el magistrado adoptó ayer esta decisión después de que la Fiscalía y las acusaciones, entre ellas la AVT (Asociación Víctimas del Terrorismo), pidieran mantenerles en prisión hasta la celebración del juicio, que, debido a una serie de diligencias pendientes, se calcula que no será hasta el próximo año.
Los tres procesados en relación con los atentados en Barcelona del 17A son Driss Oukabir, Mohammed Houli Chemlal y Said Ben Iazza. A los dos primeros se les atribuye un delito de integración en organización terrorista como miembros de la célula yihadista de Ripoll, y al tercero de colaboración. No obstante, a ninguno de los tres se le considera responsable de los 16 asesinatos y los 140 heridos en los atentados.
Las acusaciones, a excepción de la Fiscalía, han tratado sin éxito de que se les declarara también cooperadores en delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa, al entender que se les debió vincular con los atentados porque, pese a que no tuvieron una participación directa, conocían los preparativos de la célula para cometer acciones terroristas.
Pese a que no se les juzgará por su relación directa con los atentados, la acusación que ejerce la AVT tiene previsto acusarles en el juicio como coautores de los atentados, basándose en la puerta que dejó abierta la Sala de lo Penal al resolver estas reclamaciones para ampliar a esos delitos el procesamiento y que consistió en rechazar entrar en el fondo de los recursos para dejar la decisión última al tribunal que los juzgue.
Alquiló la furgoneta
A Oukabir, a cuyo nombre se alquiló la furgoneta usada en el atentado de las Ramblas de Barcelona, el juez únicamente le procesa por integración en organización terrorista, pero a Houli Chemlal, herido en la explosión que se produjo en el chalet de Alcanar, le imputa también depósito de explosivos y tentativa de estragos, esto último por los planes que tenían de atentar contra lugares emblemáticos de Cataluña como la Sagrada Familia.
Los atentados del 17 de agosto de 2017 se iniciaron en las Ramblas de Barcelona, aproximadamente sobre las 4 de la tarde, con un atropello masivo con una furgoneta blanca que recorrió 530 metros en la zona central de la zona. Horas después, Estado Islámico reivindicó el atentado mediante la agencia de noticias Amaq. Tras este ataque, hubo 15 muertos y 140 heridos. Uno de ellos, una turista alemana de 51 años, falleció diez días después por sus heridas.
En los últimos meses, el juez ha rechazado la personación como víctimas de una veintena de personas que alegaron padecer secuelas psicológicas derivadas de la masacre y por las que reclamaban una indemnización. La mayor parte de estas presuntas víctimas remitieron al juzgado denuncias para que se les tuviera como parte en el procedimiento, pero después de ser examinadas por un médico forense, que no halló relación de causa-efecto, les fue rechazada la personación.
Solo siete recurrieron en su día y la Fiscalía se pronunció en contra de otorgarles su personación como víctimas. El juez rechazó su personación como víctimas el pasado 21 de marzo, decisión que confirmó en otro auto del 24 de abril en el que desestimó los recursos de reforma que interpusieron esas siete personas, y que ahora se encuentran pendientes de ser resueltos en apelación por la Sala de lo Penal.
