​Los problemas económicos y el elevado coste de la vivienda que ha condenado a casi un millón a vivir en situación de pobreza severa, ha provocado que sobre un 10 % de catalanes, 780.000, hayan dejado de comprar medicamentos y seguir tratamientos el año pasado, según reza el Informe de Exclusión y Desarrollo Social en Cataluña de la fundación FOESSA. El informe, que presentó ayer miércoles el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, destaca que la pobreza severa en Cataluña no ha dejado de crecer desde 2013 y que es muy superior a la media española.
Omella ha calificado los datos de “realmente preocupantes” y ha destacado que muchas personas no han notado los efectos de la recuperación económica porque se ha instalado la precariedad laboral, que ha tildado de “injusticia social”. Por su parte, el presidente de Cáritas, Francesc Roig, ha explicado que en los últimos cinco años el eje Mediterráneo-Sur se ha convertido en la zona con mayor riesgo de exclusión social por los recortes en servicios públicos fundamentales como la educación o la sanidad.
“Un retrato de la factura social que atravesamos es el cambio en la distribución territorial de la exclusión social”, ha añadido. Según ha explicado el responsable del equipo de estudios de Cáritas, Raúl Flores, los datos de pobreza severa en Cataluña han aumentado a un ritmo superior a la media española por un aumento pronunciado de la precariedad laboral y el precio de la vivienda. En el caso de la vivienda, el número de personas en situación de pobreza severa aumenta un 12,4 %, una vez pagados todos los gastos de alquiler y similares, es decir, personas que aparentemente no viven en riesgo de exclusión social pasan al grupo más afectado una vez han pagado todas sus facturas.
Este perfil de ciudadano atraviesa un gran estrés porque, según recoge el informe, 300.000 personas en Cataluña viven con la inseguridad constante de no saber si las van a echar de casa. En materia laboral, la tasa de paro, que durante el primer trimestre del año se situó en 11,5 %, mientras que en 2007 era del 6,7 %. Según la representante de la comisión de acción social de Cáritas, Miriam Feu, el mayor problema del empleo en Cataluña es la denominada “parcialidad involuntaria”, que afecta a todas aquellas personas que se ven obligas a aceptar una jornada reducida porque no encuentran un trabajo a jornada completa.
Junto a esto, ha añadido, la temporalidad también supone un grave problema, ya que el 26 % de las personas que tienen un contrato laboral de carácter temporal atraviesan una situación de exclusión social. La crisis económica no es la única causa que hay detrás del aumento de la pobreza en Cataluña, ya que, según ha afirmado Flores, actualmente hay 1,2 millones de personas más en riesgo de exclusión social que en 2007 en todo el territorio español.
“Atravesamos un momento de incertidumbre, ya que dos de cada tres personas considera que ha experimentado un deterioro en sus condiciones de vida durante el último año”, ha explicado.
Gana peso
Por otra parte, la Atención Primaria de Cataluña ha ganado peso en el sistema sanitario tras la huelga de noviembre de 2018 con 262 profesionales más, 122 de ellos, suponen nuevas contrataciones, 17 que han retrasado su jubilación y el resto, 123, que son el equivalente a 792 médicos que han incrementado su jornada laboral.
El director gerente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Maria Argimon, ha ofrecido estos datos en rueda de prensa, y ha explicado que los 792 profesionales que han aceptado incrementar su jornada lo han hecho, en algunos casos, como un compromiso temporal hasta que se hagan nuevas contrataciones. La mayoría de estos médicos de familia ya tenían su jornada más larga de lo habitual pero ahora “se les compensa” económicamente, ha precisado el director gerente.
Con las nuevas incorporaciones de personal y otras medidas laborales, como la recuperación este año del 100 % de las denominadas DPO (dirección por objetivos) y otros complementos salariales a los ginecólogos y a los miembros de los equipos de urgencias, Argimon ha considerado que se “da por resuelto” el acuerdo que posibilitó la desconvocatoria de la huelga de noviembre del 2018. El DEpartemento de Salud ya trabaja en un nuevo presupuesto para 2020.
