El grupo PSC-Units llevará una moción al Parlament en la que se insta a la Generalitat a acordar con los consistorios la ubicación de los nuevos centros de acogida de menores, con el objetivo de evitar situaciones como la que se vivió en Rubí en plena campaña electoral. Como se recordará, el pasado 14 de mayo un grupo de vecinos de Can Rosés abucheó y protestó contra la presencia en el barrio de la directora general de Atenció a la Infància, Ester Cabanes. Ésta acudió para explicar la puesta en marcha de un centro de acogida de menores migrantes en un antiguo hotel del sector y al final tuvo irse escoltada.
Pero la polémica no acabó ahí ya que la propia alcaldesa, Ana María Martínez (PSC), expresó después públicamente su rechazo al centro alegando que su inminente puesta en marcha no había sido comunicada al Ayuntamiento. Y Cabanes replicó que sí había sido comunicada y criticó la actitud del Consistorio. Y todo ello en plena campaña electoral de las municipales.
Negociación
Con este precedente como telón de fondo llega la moción del PSC. Al respecto, el diputado socialista Raúl Moreno afirmó que "si mejoramos la coordinación con los ayuntamientos, evitaremos que se cree alarma entre los vecinos. Si las cosas se siguen haciendo como hasta ahora, se acaba provocando la estigmatización de los jóvenes migrantes".
El texto inicial de la moción, que aún puede variar en función de la negociación con los demás grupos, pide al Govern que los nuevos centros de acogida de emergencia para menores se abran "a partir del acuerdo entre la Generalitat y los ayuntamientos"
"El Govern garantizará a los ayuntamientos la máxima transparencia, claridad e información", continúa la moción, que fija dos meses de plazo para presentar un "protocolo de aterrizaje" que determine "las responsabilidades y actuaciones" a asumir por parte de cada institución y entidad, así como las características de emplazamiento del centro y el proceso de comunicación con los vecinos.
Para los socialistas, con un protoccolo de este tipo se evitarían ten-siones como las vividas en Rubí, donde critican que no se dialogó con el Consistorio antes de habilitar un segundo centro.
Más allá de las cuestiones relativas a la comunicación, el texto que se llevará al pleno del Parlament también exige que los nuevos equipamientos abiertos en el último año y los que se abran a partir de ahora "dispongan de licencia de actividad y de los espacios necesarios y de calidad" para atender a los jóvenes y garantizar que los profesionales pueden desempeñar su trabajo en condiciones.
Asimismo, el texto reclama a la Generalitat que pague las deudas que tiene con las entidades gestoras de estos centros, que se incrementen los "agentes de seguridad" de los centros de acogida de emergencia y que se haga una planificación de los equipamientos que se abrirán en los próximos años.
