El fiscal Javier Zaragoza responsabilizó ayer a los acusados en el juicio del “procés” de protagonizar “un golpe de Estado” entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y subrayó la “violencia” a lo largo de ese último mes “insurreccional”.
En la lectura de su informe final ante el Supremo, Zaragoza defendió la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal “no necesita violencia grave ni violencia armada”; el “procés”, dijo, fue “un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público”, por lo que no puede ser considerado una sedición.
Zaragoza denunció los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, ha quedado probado que hubo “violencia física, compulsiva e intimidatoria”.
El “procés”, continuó el fiscal para sustentar la acusación de rebelión, buscaba derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución y declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
“Es más ni menos que un pronunciamiento civil de una comunidad autónoma que se alzaba contra el Estado”, apoyada en la movilización popular y en la colaboración de los Mossos en un momento trascendental como la jornada del referéndum, “imprescindible” para conseguir sus objetivos.
Libertades
Zaragoza recordó un comunicado emitido en octubre de 2017 por las asociaciones de fiscales, que consideraron que con la declaración unilateral de independencia (DUI) se había consumado un “golpe” al Estado de derecho y al régimen de libertades, fracturando el orden constitucional.
A su juicio, se puso en grave riesgo el orden constitucional y la violencia generada durante ese periodo fue utilizada como un instrumento para favorecer la DUI, apoyada en la presentación de España como un “Estado represor franquista y antidemocrático” en el contexto internacional.
Muestra de la gravedad del proceso, explicó el fiscal, es el gran despliegue de policías y guardias civiles en Catalunya en septiembre de 2017 o el discurso institucional que tuvo que pronunciar el rey para recordar la vigencia de la Constitución y las obligaciones de todos los poderes del Estado. “Tampoco esto es muy normal”, recalcó. Y se tuvo que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que no se utiliza para “un simple delito contra el orden publico”, agregó.
