Lo detuvieron a la salida de una oficina de Correos de Terrassa, cuando portaba el paquete que había recibido desde Colombia. Y el paquete, vigilado, contenía cocaína, casi diez kilos. Más de medio millón de euros de valor. El fiscal pide para el acusado una pena de siete años y seis meses de prisión y una multa de dos millones de euros.
El bulto fue detectado en el almacén de depósito temporal de Correos en la aduana del aeropuerto Madrid-Barajas en enero del 2014. Según el Ministerio Fiscal, el acusado (u otra persona concertada con él) encargó el envío, desde Colombia a España, de un paquete con cocaína. El objetivo del destinatario era, presuntamente, traficar aquí con la sustancia, dice la acusación pública. En el envío figuraba el nombre del remitente y el del destinatario, y la dirección, la de la madre de este último, un domicilio de Terrassa.
Detectada la coca en el aeropuerto madrileño, una resolución judicial autorizó que se controlase su circulación hasta la entrega al individuo investigado. Se vigilaría el itinerario de la mercancía.
El paquete llegó a Terrassa. El 28 de enero del 2014, debía ser librado al procesado, pero este no se encontraba en la vivienda. Se le dejó en el buzón el pertinente aviso para que acudiese a Correos.
A las cinco de la tarde del 31 de enero, el investigado se presentó en una oficina egarense de la empresa postal. Llevaba el aviso de llegada que le habían dejado en la vivienda. Se le entregó el paquete.
Detenido
Fue salir de la oficina y ser apresado. Eran funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera los que seguían sus pasos, los que condujeron al detenido a los juzgados para que, autorización judicial mediante, se abriese el bulto recibido.
Allí dentro había un saco de plástico con 4.832 gramos de cocaína, con una riqueza del 26 por ciento, equivalente a 1.256 gramos, y otro saco similar con un peso de 4.722 gramos de la misma droga, con una riqueza del 25 por ciento, correspondiente a 1.181 gramos de cocaína base. Esa coca habría alcanzado un precio de 551.074 euros en el mercado negro, según manifiesta el Ministerio Fiscal.
El acusado, de 40 años, es el presunto autor de un delito contra la salud pública "relativo a sustancias que causan grave daño a la salud" y en su caso concurre, además, la circunstancia de "notoria importancia" de la cantidad aprehendida, añade el fiscal en sus conclusiones provisionales. Pide una pena de siete años y seis meses de prisión y dos millones de euros de multa. La Audiencia Provincial ha señalado el juicio para hoy.