Reemprendo estas crónicas después de que haya culminado todo el ciclo electoral. Siento que ha transcurrido toda una eternidad.
Quiero felicitar a los veintisiete concejales escogidos en las elecciones y de una manera muy concreta a Jordi Ballart por su victoria. Estoy convencido de que continuará sirviendo a la ciudad con el rigor y la honestidad con la que lo ha hecho. También quiero agradecer a mi buen amigo Lluís Puig que, pese a las dificultades de su exilio ignominioso, aceptase asumir el reto de encabezar la candidatura de Junts.
Ya estamos llegando al final del juicio después de 49 sesiones (que quiere decir 98 trayectos en la furgoneta de la Guardia Civil). Por fin la luz al final del túnel.
Pudimos acabar la retahíla de testigos de la acusación con relatos llenos de falsedades. Escucharlos nos dejó extenuados. Cada testimonio de policías presuntamente agredidos era sometido a una cobertura exageradísima. Recuerdo el "artefacto incendiario" en el cuartel de la Guardia Civil de Igualada, que no era sino ropa militar quemada, o las comparaciones con la violencia de ETA.
Cuando empezaron a comparecer los testimonios de la defensa se produjo un apagón informativo prácticamente unánime. Uno de nuestros primeros testigos fue el exdirector del Servei Català de la Salut, que dio los datos oficiales sobre el número de heridos por las cargas: 1.066, todos acreditados. Ninguna referencia en las grandes televisiones y radios del Estado.
De entrada, hay dos conclusiones irrebatibles. Primera: el 1 de octubre, en el 99 por ciento de los centros de votación, se llevó a cabo en un ambiente festivo. Ningún incidente. Segunda: en los únicos sitios donde hubo problemas fue donde irrumpieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una violencia desproporcionada. Es imposible, pues, acreditar rebelión o sedición. En los vídeos, el mismo Ministerio Fiscal fue incapaz de evitar que se viesen de manera cruda expresiones de violencia policial. Las imágenes de agresiones a personas mayores eran tan impactantes que los miembros del tribunal quedaron perplejos.
En este juicio se plantea un recorte severísimo de derechos y libertades. Si una cacerolada en una manifestación es rebelión o sedición, la democracia española ha entrado en una vorágine que la aboca a los peores parámetros de la Turquía de Erdogan.
Surrealista
Cinco presos hemos sido escogidos parlamentarios. Vivimos una experiencia surrealista como diputados amordazados en nuestros derechos de representación e inmediatamente suspendidos por la Mesa del Congreso presidida por una catalana pretendidamente progresista. Al Congreso nos trasladaron en coches con ventanillas y por fin pudimos ver la prisión desde fuera. El dispositivo era exageradísimo.
Fue impactante ser recibidos con aplausos de los diputados de Junts per Catalunya, ERC, Bildu, PNV y algunos de Podemos. No éramos conscientes del nivel de odio y animadversión de que seríamos objeto. Optamos por saludar a todos y dar dos besos a Inés Arrimadas (poco antes, en televisión, nos llamó golpistas). El problema lo tiene ella. Nosotros no la hemos insultado nunca. La relación con miembros del Gobierno fue cordial.
Riesgo
El poder judicial impone al legislativo cómo debe funcionar y el legislativo acata desde la genuflexión más vergonzosa. A la hora de prometer la Constitución nos adentramos en un ambiente tabernario, inaudito, alucinante. La España autoritaria en estado puro. Los diputados de Vox, Cs y PP gritando, insultando. Nosotros quisimos subrayar nuestro compromiso con el 1 de octubre. ¿Arriesgado en términos penales? Seguro. Pero quisimos poner de manifiesto la excepcionalidad del momento desde el respeto más escrupuloso.
Como era previsible, la Mesa presidida por Meritxell Batet nos ha suspendido como diputados, aplicando un precepto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuevamente la separación de poderes periclita. En un país democráticamente homologable, la Mesa defiende los derechos de sus diputados, aplica el reglamento y exige al poder judicial que pida un suplicatorio.
Batet pasará a la historia como la presidenta que solemnizó una de las vulneraciones más contundentes del derecho de representación política. El PSOE fija un precedente: nueve personas de la Mesa pueden silenciar a cientos de miles de ciudadanos. Cuando acabe el juicio, nos retornarán a Lledoners a esperar la sentencia. Queremos volver a Catalunya. La proximidad atenuará el sufrimiento de nuestras familias. Pasaremos por Terrassa. Y veré los doce apóstoles de Can Jofresa, la Mútua, el Sant Esperit y la Mola. Esta imagen será la prenda de nuestra libertad.
