La Univesitat Autònoma de Barcelona (UAB) en Bellaterra, centro de referencia por su historia y por su zona de influencia vallesana, hizo ayer una declaración de urgencia en la que pide a la Generalitat a adoptar medidas para mejorar el sistema de financiación de las universidades públicas catalanas. La declaración, aprobada por el claustro en sesión extraordinaria, ha desvelado la preocupación de la universidad que explica que, a pesar de haber seguido de modo escrupuloso, una política de equilibrio presupuestario, prevé cerrar el año 2018 con un déficit de 3,2 millones de euros.
Durante la reunión se ha defendido que la universidad es un elemento fundamental para el desarrollo del país y que es necesaria la implicación de los poderes públicos para su financiación. Al respecto, en el claustro se ha expuesto que desde 2011 no se ha invertido significativamente en la universidad y que los recortes provocados por la crisis económica han agravado la situación. En consecuencia ha comportado un estancamiento en la renovación de las plantillas y una reducción en la inversión en el mantenimiento de los edificios y en las infraestructuras para hacer la docencia y la investigación.
La declaración subraya que, a pesar de los recursos que han sido insuficientes, las universidades se han mantenido e, incluso, han mejorado sus posiciones en los diferentes rankings mundiales. Pero insiste en que si no hay una financiación adecuada no se puede mejorar la actividad.
Garantías
En este escenario, la UAB pide un modelo de financiación universitario público que garantice las actividades diarias, es decir el funcionamiento regular como también avalar las inversiones que se requieren para llevar a cabo estas actividades. La UAB estima que el mantenimiento de sus edificios e infraestructuras del campus (que no es urbano) requieren de una inversión mínima anual de unos ocho millones de euros. En la actualidad, recibe poco más de dos millones de euros por lo que ha hecho un requerimiento notarial a la Generalitat para expresar esta necesidad.
La Autònoma también pide asegurar la renovación del profesorado. La medida de edad de los docentes es de 57 años y de unos 1.500 profesores permanentes, sólo hay 32 menores de 40 años. También el personal de administración y servicios (PAS) es deficitario. Al respecto, la UAB pide nuevas plazas para renovar la plantilla. En el coste de plantilla, la Autónoma también solicita partida para hacer frente a los incrementos retribuidos del persona y de las cotizaciones de la Seguridad Social. Sobre este punto explica que en 2016 tuvo que asumir un pago de 1,8 millones de euros a un incremento retributivo del uno por ciento que no fue compensado por la Generalitat y que se arrastra a fecha de hoy.
En otro orden, la UAB también pide hacer frente a los aumentos del precio de los bienes y servicios como son, por ejemplo, el consumo eléctrico. Por último, la declaración del claustro insta a compensar también los gastos que genera un campus fuera de la ciudad. En este apartado, la Universitat Autònoma explica que esta ubicación le supone un gasto de cuatro millones de euros.
