En el marco de la exposición organizada por la Fundació Torre del Palau i Òmnium Cultural denomianda "Vidal i Barraquer: diàleg i coherencia", se celebró el martes una conferencia-coloquio protagonizada por la abogada y expresidenta del colectivo Ronda, Carme Herranz, y el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Jordi Agustí y con Pedro Millán, director de Diari de Terrassa, actuando como moderador. El acto, bajo el título "La justícia en temps miserables", repasó el delicado momento de la justicia española, desprestigiada por procesos y resoluciones polémicas.
Los ponentes pusieron de manifiesto la negativa percepción que la sociedad en general tiene respecto de la administración de justicia. Jordi Agustí, magistrado emérito de la sala cuarta del Tribunal Supremo y profesor de los masters de derecho de las universidades Autònoma y Pompeu Fabra, realizó un repaso por las carencias del sistema y se detuvo especialmente en las estructuras, en algunos casos arcaicas de la arquitectura y funcionamiento de la administración de justicia. En ese sentido, se refirió al hecho de que exista una organización denominada "Jueces y juezas para la democracia".
No obstante, quiso precisar que, bajo su criterio: "No hay jueces franquistas, como alguien se empeña en decir, pero sí existen inercias insanas que deberían cambiar en las estructuras de la judicatura". "Pensemos" dijo, "en qué sentido tiene que exista todavía una sala de lo militar en el Tribunal Supremo o en el sistema de promoción de los jueces, poco transparente y sumamente politizado, de forma que ya se dice que algunos magistrados están preocupados por el resultado de las últimas elecciones y la pérdida de poder del Partido Popular, que puede afectar a su carrera".
Acceso a la judicatura
Habló del acceso caduco a la judicatura "de jóvenes que se encierran en sus domicilios durante al menos cinco años para aprenderse quinientos temas y recitarlos delante de un tribunal, sin tener otro contacto con la administración de justicia que memorizar las leyes de enjuiciamiento Civil y Criminal". Se detuvo en la falta de transparencia en el nombramiento de los jueces y en las injerencias políticas, recordando el episodio sobre el acuerdo entre Partido Popular y PSOE sobre el nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial, por encima de los mecanismos de independencia de la judicatura. La solución, dijo, entre otras cuestiones pasa por la democratización de las estructuras y en acortar la distancia que separa la administración de justicia de la sociedad a la que debe servir.
Por su parte, la abogada Carme Herranz inicio su disertación haciendo referencia a un chiste de la revista Hermano Lobo de los años ochenta que "todavía tiene vigencia; un magistrado desde un altísimo estrado se dirigía de forma severa a un acusado del siguiente modo: ‘¿Conoce usted sus derechos?’ y ante la respuesta afirmativa del hombre, continuaba ‘¡Pues olvídelos!’"
Carme Herranz, antes de adentrarse en las cuestiones más controvertidas del proceso judicial a los políticos catalanes quiso hacer mención a la vulnerabilidad de la ciudadanía ante el sistema debido a la dificultad de acceso a la justicia de multitud de personas: "No olvidemos que la justicia gratuita sólo está al servicio de personas que cobren un máximo de unos mil euros brutos mensuales. Cualquier cifra que sobrepase esa cantidad deberá acceder a un pleito pagando abogado y procurador".
Un proceso viciado
No obstante, el grueso de su intervención se refirió al polémico proceso de los políticos catalanes y como a través de la exhibición de la Constitución como escudo que lo valida todo se llegan a vulnerar derechos fundamentales que la propia Constitución preserva. Habló de una estrategia judicial, tanto en la instrucción como en el desarrollo del juicio, recordando resoluciones como la petición y retirada de las euroórdenes de detención del president Puigdemont por parte del juez Llarena o la imposibilidad de ver los videos del 1-O que "incomprensiblemente ha dictado el juez Marchena".
El proceso a los políticos catalanes está viciado por decisiones que "vulneran cuestiones que van desde la competencia de los propios juzgados que están viendo los procedimientos hasta la propia construcción de relatos interesados por parte de jueces y de fiscales". Y añadió: "se busca una sentencia ejemplar a través de delitos como rebelión o sedición, puesto que tipos como el de desobediencia o o daños no llevan aparejados penas de prisión".
