El gobierno municipal ha modificado los pliegos del concurso del transporte público, incorporando mayores garantías en los beneficios industriales al estudio económico y financiero que lo acompaña. Lo ha hecho después de que las operadoras que rivalizaron por la concesión en el mandato anterior, la actual adjudicataria Avanza y la vallesana Moventis, hayan presentado observaciones al expediente en el periodo de consultas al mercado.
Las empresas cuestionan el sistema de cálculo utilizado para fijar el rendimiento del servicio, piden garantías de la compra de la flota al final de la concesión, cambios en la estimación de usuarios y ajustes en los costes. El objetivo de sus consideraciones es que la licitación minimice al máximo los riesgos y garantice márgenes de beneficios.
Avanza y Moventis coinciden en la mayoría de las observaciones presentadas al expediente del concurso durante el trámite de apertura a consultas. Ambas compañías han propuesto modificaciones en aspectos sustanciales en el estudio económico y financiero.
En el ámbito del rendimiento, las compañías creen que el método de cálculo TIR, la tasa de interés o rentabilidad que ofrece la inversión, utilizado por el Ayuntamiento calcula un beneficio industrial insuficiente y sugieren que se utilicen otros métodos que den una horquilla más amplia y garantista.
El incremento de usuarios
Las empresas también cuestionan los protocolos de la rescisión del contrato. En los pliegos, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de recomprar o no los activos de la empresa del bus, entre ellos la adquisición de la flota de autobuses al final de la concesión. Las empresas piden que esa compra sea una obligación, eliminando así los riesgos que comportaría la necesidad de verse obligadas a recolocar los vehículos si pierden el concurso o bien malvenderlos.
El cálculo de la demanda de usuarios del bus en los próximos años también ha sido cuestionado por las empresas. El Ayuntamiento apunta una estimación prudente de crecimiento anual de viajeros del 2,5 % (durante los últimos años se ha situado por encima del 4%). Aun así, a las operadoras la estimación les parece excesiva. Argumentan que el pliego no tiene suficientemente en cuenta factores como la afectación que la llegada de nuevos modelos de movilidad -car shering, patinetes eléctricos, etc- puedan tener en el descenso de usuarios.
Este es uno de los parámetros que afecta más directamente a los beneficios de la empresa que gestione el bus en la ciudad, donde los márgenes crecen en proporción al incremento de viajeros.
Los costes
Avanza, conocedora de los detalles de la explotación del servicio en Terrassa, que ha gestionado desde 1989, ha solicitado también que se ajusten los costes del servicio en aspectos como el consumo y el precio de combustible, baterías, reparaciones, asistencia técnica, mantenimiento de las instalaciones o comercialización de la T-Blanca, entre otros conceptos.
De momento, el gobierno ha incorporado las aportaciones de las compañías al estudio económico y financiero del concurso y en consecuencia a los pliegos. Las aspiraciones de las compañías, en consecuencias, se han visto satisfechas. Ahora, el ajuste en el concurso deberá ser aprobado por el pleno.
TeC, el primer partido de la oposición, ya anuncia que no apoyará el expediente. A la espera de la reunión con los grupos municipales prevista para mañana, en la que el gobierno explicará los cambios en el pliego, los comunes critican “la precipitación” con que entienden que se ha tramitado el dictamen y cuestionan dos aspectos, uno administrativo y otro técnico. En el primero creen que el gobierno “no ha hecho lo suficiente para probar la conveniencia de la gestión pública”, explica el portavoz Xavier Matilla. En el técnico, critican que “el nuevo mapa de líneas que incorpora el pliego no coincide con el que se debatió en el proceso participativo, del que además no ha habido retorno”.
