"Nuestro apoyo a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y al trabajo hecho. Instamos a tomar conciencia de que, más allá de nuestra razón, los intereses económicos están demostrando que su sombra es muy larga". La Taula de l’Aigua, plataforma clave en el proceso de municipalización del agua culminado en diciembre, ha reaccionado a la sentencia que da la razón a Mina (cuyo accionista mayoritario es la multinacional Agbar) y declara nulas las prórrogas forzosas de su adjudicación y la reversión de sus bienes al Ayuntamiento.
La aplicación de las prórrogas forzosas "ha permitido garantizar la cobertura de un servicio básico en el municipio". La plataforma reitera lo que dijo en diciembre pasado: "El retorno del fin de una concesión a su legítimo propietario, en este caso el Ayuntamiento, debería ser un proceso normal y fácil. Pero cuando la empresa concesionaria es un ‘monstruo’ más poderoso que el propio Ayuntamiento, con una capacidad inmensa de litigar en los juzgados, eso puede complicarse, que es lo que ha pasado". La entidad ya presentía lo que podía ocurrir con los pleitos de Mina.
"Hacer de un bien esencial para la vida un negocio es aún hoy la apuesta de Mina-Agbar. Fruto de eso son los procesos abiertos y la negación de las voluntades expresadas en la concesión y donde se rompe aquello que se dice en los acuerdos", señala la Taula de l’Aigua, que apoya a los servicios jurídicos municipales en el combate legal, afirma que esa primera sentencia "en ningún caso pone en duda ni cuestiona el modelo de gestión pública" y pide al Ayuntamiento un plan de comunicación para informar a la población.
