Los servicios jurídicos municipales analizaban ayer la sentencia de cara a un recurso “que presentaremos ante el TSJC y si es necesario ante el Tribunal Supremo, de manera que estamos ante un pleito que se prolongará 7 u 8 años”, comentaba ayer Marc Armengol, teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad. Los portavoces de los grupos que apoyaron la gestión pública -PSC, TeC, ERC-MES, CUP- acordaron ayer una nota conjunta que recuerda que el fallo no afecta al nuevo modelo de gestión. No entrarán en valoraciones judiciales hasta que tengan respuesta de los letrados.
La sentencia llega en un momento de paz entre los actores. El pasado otoño, justo antes de que finalizara la última prórroga y se estrenara la gestión pública, Mina y el Ayuntamiento de Terrassa firmaban un acuerdo de colaboración que culminó con la subcontratación de la compañía como proveedora de servicios. Con el objetivo de que el traspaso a la gestión pública se salvara sin sobresaltos, el Ayuntamiento alquiló el edificio de Mina en la calle Societat, sede hoy de la entidad municipal Taigua, subcontrató los equipos y servicios informáticos de la compañía, el laboratorio y las lecturas de contadores, entre otros servicios. El pacto incluía el compromiso de retirada de algunos de los contenciosos interpuestos por Mina. El actual recurso no entraba en el paquete, de manera que ambos actores tenían claro que seguirían viéndose en los tribunales. El primer asalto lo gana Mina.
