La entrada de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) al patronato de la Fundació ESCODI ha salido adelante en el pleno de marzo tras un gesto de la oposición para salvar “in extremis” la polémica iniciativa. En primera votación, y tras un intenso debate sobre la naturaleza del acuerdo, la propuesta del gobierno socialista sólo consiguió el apoyo del PSC, Ciutadans y PP, que suman mayoría simple de 13 votos en un pleno de 27. El dictamen, sin embargo, necesitaba mayoría cualificada para su aprobación, tal como advirtió el secretario a los concejales culminado el recuento.
La observación del funcionario paralizó la cámara el jueves por la noche. Por un momento, el ejecutivo temió que el rescate de Escodi y el aterrizaje de la ESCAC en el Vapor Universitari se vieran comprometidos. Ante la sensación de bloqueo, el portavoz del PDeCAT, Miquel Sàmper, propuso un receso para debatir el tema.
Dos minutos después, el dictamen volvió a ser sometido a votación y salió adelante con mayoría absoluta. PDeCAT y ERC-MES reconsideraron su abstención inicial y dieron un apoyo explícito al acuerdo.
Soberanistas y republicanos optaron por respaldar la iniciativa, aunque desde una posición crítica. Y es que la “carambola” de la Escodi no convenció a la mayoría de la oposición.
La continuidad de Escodi
Durante el debate, el gobierno explicó que la Generalitat ha decidido abandonar el patronato de la ESCODI después de que a la titulación se le haya concedido el grado. Junto a la administración autonómica dejarán el órgano rector el resto de patrones fundadores: la Cambra de Comerç y el propio Ayuntamiento de Terrassa.
Para “garantizar la continuidad de los estudios en la ciudad”, explicó el teniente de alcalde Amadeu Aguado, la administración local ha negociado con la ESCAC su entrada en el patronato de la ESCODI, haciéndose cargo de la actividad docente. Paralelamente, la Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya alquilará y gestionará el Edifici Vapor Universitari, donde ampliará sus actividades y donde se ubicará Escodi.
La operación no compromete la continuidad del Consorci de Normalització Lingüística y de la Escola Municipal Art i Diseny en el Vapor, puntualizó Amadeu Aguado.
La crítica más dura a la iniciativa llegó de las filas de la CUP, que se refirió a ESCODI como una escuela “fallida” y recordó que el coste de la liquidación es de 1 millón de euros, aunque “el Ayuntamiento acabará pagando 140 mil”.
Marc Medina, el portavoz de la formación anticapitalista, criticó que “los patronos se vayan dejando una situación saneada” y que el Ayuntamiento haya “aportado 32 mil euros anuales” y “cedido gratuitamente un espacio municipal” a “un grado elitista que cobra 5.400 euros por matrícula”.
Incluso los grupos que apoyan la operación mostraron el jueves sus reservas. Cs cree que ESCODI está “en fallida técnica, sus ingresos por matriculación no alcanzan el 45% de los gastos”, argumentó David Aguinaga. Ahora la ESCAC tomará el control de la escuela de comercio y la formación naranja pide que el Ayuntamiento “sea exigente” con la ESCAC y trabaje para que el “secretismo de la operación ESCODI no continúe con la ESCAC”.
Desde la izquierda Anna Rius, de TeC, cuestionó que el gobierno “venda como un triunfo una liquidación”. La concejal explicó que la ESCAC invertirá 2 millones de euros en adecuar el Vapor Universitari y criticó que el gobierno lleve su expediente “al penúltimo pleno del mandato y sin generar consensos. No se lo merecen”.
Los agentes implicados en la operación, incluida la escuela de cine, celebran que se haya conseguido “la cuadratura del círculo”, en palabras de Isaac Albert, de ERC-MES. Es una solución “forzada” en la que a la ESCAC, más que pedirle compromisos con la ciudad, como sugiere Cs, corresponde valorar su “mirada al mundo”.
Visiblemente molesto con las críticas, Amadeu Aguado invitó a la oposición a “no inventar películas” y insistió en que la situación estalla cuando la Generalitat decide abandonar. “Lo que hace el Ayuntamiento es negociar para salvar el proyecto”, reiteró.
El jueves, el gobierno llevó el dictamen al pleno como propuesta de resolución porque el expediente no llegó a tiempo para incluirlo en el orden del día. Esa urgencia le valió la crítica general, pero en especial la de Miquel Sàmper, que criticó el retraso. Aguado le recordó que “ha sido la Generalitat la que ha retrasado el expediente”.
