El pacto, muy esperado, ha nacido sin el consenso de algunos actores. Se han desmarcado Fapac y los sindicatos USTEC-STEs. CGT y SE, entre otras entidades, alegando varios argumentos, entre estos que es un acuerdo que favorece la escuela concertada y que no establece medidas eficaces para repartir el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas entidades consideran que en este documento no se han analizado los motivos por lo que se están concentrando grupos socialmente homogéneos en determinadas escuelas públicas, ni se proponen medidas para evitar esta situación. Critican que, incluso, el Síndic de Greuges prevé aumentar la dotación en la concertada. Creen también que el pacto no establece medidas para repartir el alumnado con necesidades educativas específicas. Opinan que "en contra del mal denominado derecho a la elección del centro, debe haber un reparto equitativo de la diversidad del alumnado, evitando la concentración de los que tienen necesidades en determinados centros". Asimismo afean que el documento no contempla ni la universalidad ni la gratuidad de otros servicios educativos. Al respecto defienden que "el servicio de comedor, de ocio, las salidas pedagógicas, los libros de texto o el material escolar son servicios que deben ser gratuitos". Y añaden que la gestión de estos servicios debe ser pública y directa.
