Los propietarios -más de un centenar de familias- de tres bloques de pisos de protección oficial construidos por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal de vivienda Habitatge Terrassa en 2006 están que trinan. Los bloques, situados en el barrio de Can Roca (en los números 36, 38 y 44 de la avenida del Parlament), presentan problemas en sus fachadas laterales. En concreto, los remaches de las placas que las recubren están saltando, lo que está provocando que se levanten y se agrieten. Ahora, los vecinos, según explican, están obligados a poner redes de protección en las fachadas para evitar males mayores, actuación que deben asumir en solitario (les cuesta unos 2.500 euros por bloque).
Lo que realmente molesta a los vecinos es que tratándose de unos bloques de protección oficial se den estos desperfectos, por un lado, y que el Ayuntamiento, interpretan, no quiera asumir su parte de responsabilidad y colaborar económicamente en su reparación, por otro. También les fastidia que el Consistorio no apretase más en su momento a la constructora que levantó lo pisos (Dragados) para pedirle responsabilidades, en referencia a cuando aparecieron los primeros desperfectos, en 2009 (tres años después de ser construidos).
En cualquier caso, los afectados tienen las manos atadas ya que la garantía tanto de la fachada (tres años) como de la estructura de los edificios (diez años) ya ha prescrito, por lo que legalmente no pueden reclamar nada. Por ello, instan a la buena voluntad del Consistorio -con el que se han reunido infinidad de veces- para que se comprometa a colaborar económicamente, lo que les desahogaría en el desembolso que van a tener que llevar a cabo para reparar los desperfectos.
Trámites legales
Habitatge Terrassa explicó en un comunicado que "continúa trabajando, con el apoyo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, para poder iniciar los trámites legales contra la constructora en la mayor brevedad posible", sin concretar fechas. Y añade en la nota que ya manifestó a los vecinos que "estudiaría la viabilidad de una demanda contra la constructora, pese a saber que las garantías están prescritas, motivo por el cual ha encargado un peritaje de las placas para poder descartar defectos en las mismas".
Para la sociedad municipal de vivienda, "sería recomendable llevar a cabo una primera medida cautelar que no implique la manipulación de las placas para que un perito judicial pueda evaluar su estado actual y realizar el informe definitivo que se adjuntará al escrito de demanda", explica en el comunicado.
Los primeros desperfectos se detectaron en 2009, los vecinos lo comunicaron al Ayuntamiento por instancia y éste les contestó que se trataba de un problema de mantenimiento. En 2011 enviaron una segunda instancia pidiéndole responsabilidades y en 2014 una tercera también sin resultados. Al menos, eso es lo que explica el presidente de la comunidad de propietarios del bloque 38, José Andrés, quien se muestra indignado. "Nuestro error fue no denunciar al Ayuntamiento en 2009, cuando aparecieron los primeros desperfectos", se lamenta y añade que ahora no vale la pena ir a los tribunales porque "el caso está perdido ya que la garantía ya ha prescrito".
"Lo que pedimos al Ayuntamiento -afirma José Andrés- es que se responsabilice y colabore económicamente en la reparación de las fachadas".
