El lunes empezó el juicio por presunto blanqueo de capitales. El martes declaró el principal acusado, Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona. Y ayer la Audiencia Nacional decidió dejarlo en libertad mientras dure la vista. Rosell estaba en prisión preventiva desde mayo del 2017. Su esposa, la terrassense M. P., también acusada en el juicio, estaba ya en libertad.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer la libertad provisional con medidas cautelares, pero sin fianza, para Sandro Rosell y el abogado andorrano Joan Besolí, en prisión desde el 23 de mayo de 2017. La juez de la Audiencia Nacional Concepción Espejel emitió el auto, que estipula la retirada del pasaporte para ambos encausados. Al tribunal le deberá constar un domicilio fijo en territorio español y tanto Rosell como Besolí deberán comparecer en la Audiencia Nacional mientras dure el juicio, que finalizará, según las previsiones, el 28 de marzo. También deberán comparecer en sede judicial cuando así se lo requieran y tendrán retirado el pasaporte.
La resolución fue comunicada al inicio de la tercera sesión del juicio. Rosell y Besolí, y otras cuatro personas, están acusados de blanqueo y pertenencia a organización criminal. La libertad había sido solicitada por la defensa de ambos en la primera jornada de juicio, el lunes. La Sala había ratificado la prisión provisional, pero los magistrados ya han escuchado las declaraciones del exmandatario azulgrana y su socio. El encarcelamiento para asegurar su presencia en el juicio se considera, pues, innecesario. Sea cual sea la sentencia, esta se dictaría una vez cubierto el "derecho de audiencia material".
Queda un mes de juicio. El fiscal, de momento, solicita once años de prisión y una multa de 59 millones de euros para Rosell, al que acusa de blanquear 20 millones de euros y de quedarse con, al menos, 6,5 millones. Sostiene que las comisiones ocultadas resultaron de la compra-venta de derechos audiovisuales de partidos amistosos de la selección brasileña de fútbol.
Sobornos
La Fiscalía considera a Rosell autor de blanqueo y pertenencia a organización criminal y considera que tanto él como su esposa y los otros cuatro incriminados participaron en una organización que ocultó casi 20 millones de euros en sobornos del que fuera presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entre 1989 y el 2012, Ricardo Teixeira. El fiscal argumenta que casi 15 de los 20 millones corresponderían a comisiones ilegales por los derechos televisivos y 5 millones a un contrato de patrocinio con Nike. Los acusados se dedicaron "al lavado de capitales a gran escala", apunta el Ministerio Público.
Sandro Rosell lo negó todo el martes. "No tengo nada que esconder, soy inocente de todo lo que me imputa la Fiscalía y voy a defender mi prestigio y mi honor", afirmó con contundencia. Dijo no haber recibido comisiones de ningún tipo por hacer de intermediario entre una compañía saudí, ISE, competidora de la cadena Al Jazeera, en una negociación con la CBF, pero dejó claro que sólo recibió "una retribución" a su empresa por parte de ISE. Y subrayó que nunca antes había pisado un juzgado, ni Hacienda le había inspeccionado, hasta que llegó a la presidencia del Barça en el año 2010. La abandonó cuatro años después porque su familia recibió amenazas.
La esposa de Rosell, la egarense M. P., se enfrenta a una petición fiscal de siete años de cárcel. El martes también declaró ella ante el tribunal. Admitió que su marido la introdujo en su compañía, BSM, para hacerse cargo de algunas firmas cuando él estaba de viaje, pero aseguró que no tomaba decisiones en los negocios. El fiscal pide diez años para Besolí y seis, siete y ocho, respectivamente, para el resto de procesados.
