El goteo de juicios a responsables de asociaciones cannábicas prosigue. Son la culminación judicial del acoso al que la policía ha sometido a los clubes de consumidores de marihuana en los últimos cinco años. La Audiencia Provincial tiene previsto juzgar hoy a cuatro miembros de una asociación sobre la que cayeron los Mossos d’Esquadra hace casi tres años. La fiscal pide penas por tráfico de drogas y asociación ilícita. Para un acusado reclama seis años de cárcel. Para otros tres, cinco años.
La asociación estaba ubicada en la calle de Marinel·lo Bosch y se fundó antes de febrero del 2016, según el Ministerio Público. La abrieron tres de los procesados y el cuarto era uno de sus trabajadores. El escrito de acusación, como en otros casos similares, refiere la diferencia entre los objetivos legales de la entidad y el supuesto cometido real. Los estatutos del club "limitaban su objeto a actividades culturales inofensivas de estudio, reflexión y divulgación científica en torno al uso del cannabis y sus propiedades naturales", y descartaba de manera rotunda y expresa "cualesquiera otras finalidades de carácter ilícito" como la difusión de marihuana o hachís "o el autoconsumo compartido" de esas drogas.
Sin embargo, desde la fundación de la asociación, en el local "se produjo la venta indiscriminada" de maría y hachís a quienes acudían a la entidad a diario "a proveerse de droga", indica el Ministerio Público. Los consumidores, añade, fueron asociados en cada caso con un trámite simple. Tenían carnés y abonaban cuotas. A partir de su inscripción en el registro privado de la entidad, los "socios" retiraban la marihuana en bolsitas. Cada una costaba unos 5 euros, manifiesta la fiscal. La cifra de socios creció y llegó a las 4.000 personas.
Se desconoce quién proveía de la hierba a la asociación, que carecía "de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución" de droga.
Agentes de los Mossos d’Esquadra vigilaban el local. El 6 de febrero del 2016, unos mossos pararon a dos personas a las que vieron salir del sitio; a ambas les confiscaron sendas bolsas de plástico que contenían marihuana. Según la fiscal, la habían adquirido en la asociación, como otro individuo interceptado el 28 de febrero en posesión de cuatro cogollos de maría, o como otro identificado el 2 de marzo, al que incautaron tres cogollos. Ese mismo día los mossos denunciaron a otra persona a la que requisaron un cogollo "que había adquirido en dicho local". El 11 de marzo los investigadores pararon a dos menores "nada más salir de la asociación" y a uno le intervinieron un cogollo.
El registro
Siete días después, el 18 de marzo, los mossos entraron en el local para registrarlo. Se fueron con 3.325,80 gramos de cogollos de plantas de marihuana, 15 gramos de hachís, casi 24 gramos de resina de hachís y 14,60 gramos de polen, indica la acusación pública. Los investigadores aprehendieron veinticuatro piezas, en especial sobres, con marihuana. Los estupefacientes decomisados "hubieran alcanzado en el mercado ilícito un precio aproximado de 3.900 euros". Los acusados disponían de esas sustancias "para la venta". El operativo de la policía se completó con el decomiso de cuatro básculas y 4.235,62 euros que procedían del tráfico de drogas, según la fiscal.
Tres de los acusados, uno de ellos una mujer, son reincidentes. Ahora se enfrentan a otro juicio. La Fiscalía pide para cada uno de los procesados tres años de prisión por el delito contra la salud pública (con multas de 7.800 euros) y para uno de ellos tres años más (y 8.100 euros de multa) por asociación ilícita. La pena para los otros tres por ese delito la rebaja a dos años de cárcel, con una sanción económica de 8.100 euros. El 9 de febrero este diario publicó otra calificación fiscal: los acusados eran los cinco presuntos responsables de dos clubes cannábicos de Terrassa. Para cada uno de ellos solicitaba la Fiscalía seis años de prisión.
