La idea ha sido "importada" de Girona. El Ayuntamiento de Terrassa ha creado un cuerpo de "agentes para la convivencia", un personal que informará y sensibilizará a los ciudadanos para promover "actitudes cívicas". El Sindicat de Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME) denuncia que esos agentes serán empleados municipales "disfrazados de algo parecido a un policía para engañar al ciudadano". El gobierno rechaza tal aseveración: dice que esos trabajadores no sustituirán a nadie y serán "agentes para la convivencia" que detectarán conflictos o quejas vecinales y derivarán la información a los departamentos pertinentes, entre ellos la Policía Municipal.
El teniente de alcalde Manuel Giménez Guardia, concejal de Vía Pública y Seguridad, deja claro que el gobierno municipal implantará ese nuevo servicio "cuanto antes". De hecho, en enero ya ha publicado la convocatoria de las seis primeras plazas y prevé que los elegidos empiecen a trabajar durante el segundo trimestre del 2019. Giménez subraya que los agentes cívicos no reemplazarán a los policías, pues sus atribuciones serán distintas. También lo será su formación.
La exposición de motivos para la constitución de esa nueva figura alude a la necesidad expresada por entidades vecinales y a las percepciones detectadas en otros ámbitos ciudadanos: hace falta una mayor proximidad con ellos, con los terrassenses, con sus preocupaciones. Hacen falta empleados que sirvan de eslabón en la calle entre el Ayuntamiento y los egarenses y sus inquietudes. Los agentes cívicos no sólo estarán llamados a localizar, por ejemplo, lugares con una recurrente acumulación de basuras o con focos de conflicto. O zonas con proliferación de grafitis. También tendrán entre sus funciones la difusión de campañas de civismo. Verbigracia, de fomento de la limpieza. Irán uniformados, dependerán orgánicamente de la concejalía de Seguridad e informarán sobre la normativa en residuos, ruidos o animales de compañía.
Para el SPL, la contratación de esos agentes de convivencia responde al objetivo de "paliar la falta de efectivos de la Policía Municipal". El nombre elegido "es engañoso", ya que ese departamento en preparación no estará formado por agentes, pues los empleados no tendrán condición de policías ni la formación necesaria.
El posicionamiento del sindicato es duro: "Estamos a nivel 4 de alerta terrorista y el Ayuntamiento ha vuelto a hacer una barbaridad, poniendo la seguridad de la ciudad en manos de personal no cualificado con el único objetivo de ahorrar costes", afirma, para después recordar la utilización de vigilantes para ejercer funciones de seguridad y regulación de tráfico en acontecimientos como carreras. En aquella ocasión la corporación municipal negó que esos trabajadores contratados eventualmente ejercieran funciones policiales.
El SPL manifiesta que la seguridad y la prevención "están muy lejos de ser las necesarias" teniendo en cuenta la falta de 130 agentes de policía más. Los de convivencia "no tienen capacidad para llevar armas, ni para realizar una detención ni una simple identificación, ya que la ley no los ampara ni los reconoce. Serán empleados del Ayuntamiento disfrazados de algo parecido a un policía para engañar al ciudadano y hacerle creer que está falsamente protegido", apunta la organización antes de lanzar una pregunta retórica: "¿Se imaginan que ante la falta de profesores las escuelas contratasen a conserjes?". Considera claro que estamos ante un caso "de usurpación de funciones".
Meses atrás anunció que no piensa transigir. Vigilará que los agentes cívicos no realicen funciones "reservadas exclusivamente por ley a los policías". En caso de detectar alguna ilegalidad, dará cuenta a la autoridad judicial. El gobierno niega que los agentes de convivencia sean policías encubiertos, remedos de autoridad. Admite que las carencias de policías han influido en la preparación del proyecto, pues las trabas presupuestarias no permiten al Ayuntamiento convocar oposiciones al cuerpo local y en unos meses las jubilaciones mermarán aún más la plantilla, pero advierte de que el departamento de convivencia "nunca intervendrá directamente en conflictos ni, de momento, tendrá capacidad sancionadora".
Serán colaboradores para la detección de situaciones de incivismo, de incumplimiento de ordenanzas, "pero no van a sustituir a agentes de la autoridad. No tendrán formación ni conocimientos para ello, pero sí aptitudes para empatizar con el ciudadano e informar", subraya el edil, que considera necesaria la creación del área: "Si además de las atribuciones explicitadas, mejora la percepción subjetiva de seguridad, mejor que mejor". La polémica parece haberse atemperado después de que el Consistorio modificase las bases de la convocatoria. Donde decía que los agentes cívicos podrían "emitir denuncias" dice ahora que su atribución será informar a la policía.
