Miembros de los Comitès de Defensa de la República (CDR) y de Solidaritat Antirrepresiva de Terrassa (SAT) se entrevistaron ayer con la síndica Isabel Marquès, ante quien denunciaron sentirse objeto de una "presecución" por parte del Ayuntamiento de Terrassa en sus acciones de protesta. Los colectivos pusieron sobre la mesa el incidente registrado el pasado 5 de septiembre en La Rambleta, cuando un grupo de activistas accedieron a un edificio abandonado para instalar unos damascos reivindicativos y fueron identificados por la Policía Municipal. De la intervención se han derivado multas contra 18 personas a las que se acusa de pintadas, menosprecio e insulto a los agentes y ruido. El importe global de las sanciones asciende a 6.700 euros.
"La síndica se ha comprometido a estudiar el caso y evaluar si abre un agravio", comentó ayer en rueda de prensa Franki, portavoz del CDR. También sugirió a los denunciantes comprobar si los hechos vulneran la Carta Europea de los Derechos de la Ciudadanía, secundada por el Ayuntamiento de Terrassa y el Código Ético municipal, además de poner sobre la mesa el reto de la presunción de veracidad que avala las versiones policiales, principio impugnado por el colectivo de síndicos.
CDR y SAT denunciaron una vez más la "persecución" de la que se sienten objeto por parte de la Policía Municipal y el Ayuntamiento, al que acusan de "utilizar las multas para desmovilizarnos".
