Son cinco. En principio, se sentarán en el banquillo el lunes, cuando la Audiencia Provincial tiene previsto empezar el juicio en el que el fiscal los acusa de dos delitos: uno contra la salud pública, de tráfico de drogas, y otro de asociación ilícita. La traducción punitiva: seis años de prisión para cada uno. Todos, los cinco, eran responsables de dos asociaciones de consumidores de marihuana pero, en realidad, traficaban presuntamente con drogas amparándose en la actividad de esos dos clubes legales radicados en Terrassa, según el fiscal.
La sección 21 de la Audiencia Provincial ha señalado tres días para la vista. Será la culminación judicial de un proceso que se abrió en el 2013 y se cerró ese mismo año. Las asociaciones cannábicas empezaban a proliferar en Terrassa en aquellos tiempos. En agosto del 2012 tres de los acusados, dos varones y una mujer, constituyeron un club de amigos del cannabis en la calle del Vallespir, en el polígono industrial Nord. Uno era presidente, el otro tesorero, ella secretaria. El presidente y otros dos procesados abrieron unos meses más tarde, en marzo del 2013, otra asociación con sede en la calle de la Autonomia, en Sant Pere, con análoga distribución de cargos.
Eran asociaciones legales, a priori, como la mayoría de las que se fundaron en aquel tiempo y que el acoso policial ha ido clausurando poco a poco. "Los estatutos de ambas entidades constituidas limitaban su objeto a actividades inofensivas de estudio, reflexión y divulgación científica en torno al uso del cannabis y sus propiedades naturales", apunta el fiscal en su escrito de acusación. Entre los fines de los clubes no se incluían aquellos "de carácter ilícito", tales que el fomento o la difusión de sustancias estupefacientes, añade.
Inscritas por la Generalitat
El 5 de octubre del 2012 la Generalitat, a través de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, inscribió a la primera entidad en el registro de asociaciones. El 10 de mayo del 2013 hizo lo propio con el segundo club, el radicado en Sant Pere. Todo correcto. Sin embargo, la actividad de las asociaciones se torció bien pronto, desde su fundación, según la acusación pública, y en ambos casos los acusados "vendían de forma indiscriminada marihuana y hachís a los consumidores de tal sustancia, que allí acudían a diario a proveerse".
Los cargos desgranados por la Fiscalía son calcados a los de otros procedimientos de investigación a asociaciones cannábicas. Y ha habido unos cuantos en Terrassa en la última década.
En el enjuiciado la semana próxima, el Ministerio Público subraya que los acusados aparentaban que la forma asociativa "amparaba la libre circulación de la droga", ocultando de esta manera "la realidad del ilícito tráfico", y por eso los compradores fueron asociados en cada caso "con un simple trámite privado por anotación de sus datos personales" en el registro de la entidad. Esta expedía carnés acreditativos y los usuarios abonaban cuotas para los gastos del club.
Dice el fiscal que los "socios" retiraban cantidades de droga en bolsitas que compraban y que los procesados obtenían la sustancia del cultivo propio. No tenían autorización administrativa para producir y distribuir hierba y ni siquiera consta que hubieran solicitado licencia al organismo pertinente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Vecinos de Sant Pere se quejaron porque algunos usuarios de la asociación ubicada en la calle de la Autonomia fumaban porros en las inmediaciones, en la plaza de Rosa Mora, y en portales de viviendas. Había ruidos extemporáneos y los vecinos tenían dificultades para entrar sus coches en los garajes porque los clientes estacionaban sus vehículos en vados permanentes. Los afectados promovieron una recogida de firmas y reunieron casi mil con el apoyo de la asociación de vecinos. El asunto era "de especial gravedad", según los firmantes.
El Cuerpo Nacional de Policía activó sus investigaciones en enero del 2013 tras recibir las informaciones vecinales. Unos agentes vigilaron el local de la calle de la Autonomia. Notaron una gran y constante afluencia de individuos. El fiscal asegura que los acusados suministraban allí maría "sin distinción entre supuestos socios y otras personas sin vínculo alguno con la entidad", y que lo hicieron durante seis meses, cuando menos, entre enero y julio. La Policía Nacional siguió a consumidores por la calle y en ese medio año aprehendió droga a varios fumadores. Realizó quince decomisos a usuarios que habían visitado alguna de las asociaciones. A uno una bolsita con dos gramos de cannabis. A otro, otra con cuatro gramos. Y a otro, y a otro…
Atados los indicios, reunidas las pruebas, el Cuerpo Nacional de Policía solicitó al juzgado de instrucción número 1 de Terrassa la autorización para entrar y registrar las asociaciones. El permiso lo dictó el órgano judicial el 11 de julio del 2013. Ese mismo día, con la colaboración de la Policía Municipal, los investigadores irrumpieron en los dos locales poco después de las ocho de la mañana. En uno encontraron una báscula de precisión. Debajo de una mesa, una caja de cartón con más de mil bolsas monodosis de plástico con autocierre. En la misma mesa, bajo llave, bolsas con sustancia vegetal o restos de ella. En una nevera hallaron bolsas con semillas.
Multas
En total, los policías se incautaron de 324 gramos de marihuana. El otro registro concluyó con la intervención de cajas con un peso neto total de 363 gramos de la misma sustancia. Los agentes requisaron dos básculas de precisión, bolsitas con autocierre y 175 euros.
Para el Ministerio Público, los seis acusados son autores de un delito contra la salud pública y de otro de asociación ilícita. Reclama al tribunal penas de tres años de prisión por uno, y tres más por el otro, para cada uno de los procesados. Por la asociación ilícita, además, solicita que se impongan multas individuales de 8.100 euros, y de 15.000 por el tráfico de drogas.
