Un grupo de trabajo, a través de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, elaborará una propuesta de nuevo modelo de servicios y de atención a las personas con discapacidad intelectual. La iniciativa pretende indicar el camino a la Generalitat en la definición del nuevo modelo de gestión para el sector, pendiente desde hace años.
Los grupos municipales respondieron el jueves con esta propuesta a las entidades Prodis y Fupar, que acudieron al pleno de enero para denunciar la "crítica" situación que atraviesan, después de una década de recortes, módulos y tarifas congeladas, falta de recursos para atender el itinerario vital de sus usuarios y sin respuesta de la Generalitat sobre el nuevo modelo de atención. "Ya no podemos más", dijo Maise Balcells, presidenta de Prodis, en una llamada de socorro a la clase política.
Balcells intervino en el turno de participación ciudadana del pleno junto a Josep Ribera, director de Fupar. Ambos hicieron un retrato de la "situación límite" a la que se enfrentan las entidades que trabajan con discapacitados intelectuales, personas con parálisis cerebral o enfermedad mental en Terrassa y en Catalunya y pidieron el apo-yo del pleno a sus reivindicacio-nes.
Los grupos, de manera unánime, se comprometieron a pedirle a la Generalitat que se ponga al día en la financiación de las entidades, cumpla con el compromiso de construir la Residencia Llar de Torre-sana, con la concertación de ocho plazas nuevas y que aumente el número de plazas concertadas en la ciudad. El Ayuntamiento también pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que dote el incremento del salario mínimo interprofesional a mil euros, aumentando del 50% al 75% la cobertura del coste durante primeros 2 o 3 años de tránsito.
Prodis y Fupar ilustraron la realidad a la que se enfrentan los discapacitados intelectuales con seis ejemplos de usuarios que ven como los recursos desaparecen cuando acaban la etapa escolar, cuando se enfrentan al reto de emanciparse, incorporarse al mundo laboral o cuando requieren una plaza porque sus padres se hacen mayores y necesitan un respiro.
"Las entidades estamos en una situación muy crítica", explicó Maise Balcells, en la que no pueden "garantizar la continuidad de los centros especiales de trabajo" si las administraciones "no asumen las responsabilidades que les corresponden". El sector lleva diez años de módulos y tarifas congeladas, lo que supone "una pérdida económica del 15 puntos".
Josep Ribera, de Fupar, explicó que su entidad ha visto como los gastos salariales se disparaban un 53% en 3 años y cómo debía hacer frente al aumento del SMI, "muy justo para los usuarios", pero que las entidades han tenido que financiar íntegro en enero porque no han llegado las aportaciones públicas. "Con el SMI, la subida del IPC y de los módulos acumulamos un desfase de 800 mil euros", explicó.
Los partidos expresaron su apoyo unánime a las entidades del sector de la discapacidad intelectual y se comprometieron a llevar las reivindicaciones a sus grupos parlamentarios . Aunque algunas formaciones como PDeCAT pidieron "humanizar" el debate y no entrar en refriegas políticas, Carmen Ortuño de Ciutadans utilizó su turno para reprochar los recortes autonómicos. "No desplegan el nuevo modelo porque están en otros asuntos", dijo del Govern.
ERC-MES también quiso debatir, aunque para explicar que actualmente "faltan 75 millones para el sector, 70 millones deben venir del Estado y no los tendremos de forma inmediata".
La formación, que lidera la conselleria de Treball, Afers Socials i Families, defiende que el proyecto republicano no puede dejar a las personas con discapacidad en la estacada – "tenemos que salvar a todo el país, no podemos salvarlo a una parte", dijo el portavoz Isaac Albert, para quien el nuevo modelo de atención a la discapacidad intelectual "es necesario y si Terrassa puede liderarlo, mejor".
Debe ser un modelo "que ponga las personas en el centro, que haga trajes a medida", apuntó el concejal socialista de Capacitats Diverses i Accessibilitat Adrián Sánchez, para quien "lo que no haga la Generalitat, Terrassa tiene la obligación de abordarlo".
Debe hacerlo en serio y de manera eficaz, apuntó Xavi Martínez, de TeC, que conminó a los grupos a "ponerse las pilas" y a cumplir cuanto antes el compromiso de crear un grupo de trabajo para definir el nuevo modelo. "Hablamos de derechos y en política hay que priorizar". Martínez recordó que "el cuidado de los más vulnerables debe ser siempre prioritario".
En este sentido se manifestó también la CUP, que criticó que "el sistema capitalista rechace a las personas que no son productivas". Marc Medina, su portavoz, exigió "recursos públicos" para el sector de la discapacidad intelectual.
