El terrassense Josep Rull y el resto de políticos presos por el “procés” serán trasladados hoy a Madrid para el comienzo del juicio, que empezará seguramente a finales de la semana próxima o inicios de la siguiente. Meritxell Lluís es la esposa de Rull. Ayer dijo a este diario que marido y sus compañeros de prisión están “firmes y serenos”, y deseosos de que el juicio empiece. Y convencidos “de saberse inocentes”.
Meritxell Lluís es presidenta de la Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa a las familias de los presos. El presidente de la Generalitat y consellers de su gobierno acudirán hoy al centro penitenciario de Brians 2 para despedir a los encausados. Pero Lluís y familiares de los presos no acudirán a esa cita, pues se mantendrán pendientes del ingreso de los acusados en las prisiones madrileñas de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (las mujeres) y de las condiciones de visita impuestas para tratar de viajar a Madrid mañana. “Suponemos que durante el fin de semana podremos visitarlos y hablar con ellos”, declaró Lluís, concejal del PDeCAT, a Diari de Terrassa.
“No renuncian a nada”. apuntó Meritxell Lluís antes de dejar claro que tanto Rull como el resto de reclusos en la causa del proceso de independencia se han mostrado en las últimas horas “firmes y serenos”, y convencidos “de saberse inocentes”. Un par de días antes, el mismo Rull publicó un mensaje en una red social haciendo constar que el Gobierno español “dedica recursos a predicar que los tribunales son independientes e imparciales” y a desacreditar “las denuncias de los presos políticos”. Para Rull, que al Ejecutivo le preocupe más “la imagen de los jueces que los derechos civiles de los acusados es un claro déficit democrático”.
El traslado estaba previsto para esta mañana a las siete. Según la agencia EFE, que aludía a fuentes policiales, los procesados serán conducidos por los mossos desde las prisiones de Lledoners, Mas de l’Enric y Puig de les Basses a las dependencias de Brians 2, el centro desde donde partirán hacia Madrid, a partir de ese punto conducidos por la Guardia Civil. Si no hay cambios, las previsiones son que el trayecto se realice sin escala en la prisión zaragozana de Zuera, como se había previsto inicialmente.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) hizo ayer un llamamiento a mostrar apoyo a los procesados y “acompañarlos” apostándose en las calles y carreteras que recorran los vehículos policiales en su desplazamiento a Brians 2, desde donde partirán hacia Madrid para el juicio. Además, para esta tarde se han convocado protestas en las grandes ciudades, en las capitales de comarca y en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, según anunció la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie.
En Terrassa, la ANC ha convocado a la ciudadanía a acompañar a los presos con una marcha en autocares y coches que partirá a las seis de esta mañana de la estación de autobuses de Terrassa, en la carretera de Montcada, en dirección al centro penitenciario de Brians. A las siete de esta tarde está prevista una concentración en el Raval.
Movilización
“La sociedad catalana tiene que estar movilizada y mostrar el rechazo a este juicio”, dijo ayer Elisenda Paluzie, quien puntualizó que la ANC no pretende poner trabas al traslado. “¿Qué sentido tiene obstaculizar un traslado que no conseguirás porque no tienes la fuerza suficiente, cuando en realidad se ha decidido afrontar el juicio?”, agregó la presidenta de la ANC.
La entidad organiza también protestas en distintas capitales europeas y tiene prevista una gran movilización en la capital de España durante la celebración de la vista en el Tribunal Supremo.
La fecha del juicio no está cerrada, aunque todas las fuentes apuntan a que el Tribunal Supremo señalará la vista a finales de la próxima semana o principios de la siguiente. Se baraja el martes 12 como el día más probable para el inicio del juicio del 1-O.
Las defensas han presentado una cantidad ingente de escritos que se suman a los de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular. La sala del Tribunal Supremo que enjuicia el “procés”debe redactar aún el auto que fija las pruebas que se practicarán durante la vista; entre las testificales, periciales y documentales, deberá resolver si comparecen el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el rey Felipe VI, que está exento por su cargo, y Carles Puigdemont, de quien se pide que declare por videoconferencia.
La incertidumbre sobre la fecha del juicio ha llevado a algunos procesados a pedir tiempo para preparar sus defensas. Ayer, el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, se sumaba al exvicepresidente, Oriol Junqueras, pidiendo al alto tribunal que entre el señalamiento y el inicio del juicio a la cúpula del “procés” haya un margen de tiempo suficiente para preparar su estrategia y evitar su “indefensión”.
Según informaron fuentes de Òmnium, la defensa de Cuixart interpuso ayer un escrito al Supremo en que resalta que aún no ha recibido ni el auto de admisión de pruebas ni la fecha de inicio del juicio oral, pese a que el tribunal notificó que el traslado de los presos a Madrid se efectuaría hoy, 1 de febrero, y que algunas informaciones apuntan a que el juicio podría iniciarse la próxima semana.
De confirmarse este calendario, la defensa de Jordi Cuixart advierte de que el espacio de tiempo sería “insuficiente” para preparar su defensa con garantías, ya que un hipotético señalamiento del juicio en sólo una semana comportaría una “grave indefensión” para los acusados.
Ante esta situación, Cuixart solicita al Tribunal Supremo que garantice el derecho a disponer del tiempo y las facilidades necesarias para preparar su estrategia de defensa, en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH).
Plazo razonable
Ese convenio establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un tribunal independiente e imparcial “dentro de un plazo razonable”. De esta forma, el líder de Òmnium se suma a las solicitudes efectuadas por Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, que el miércoles pidieron al mismo órgano judicial que aplace, cuando menos tres semanas, el inicio del juicio por el “procés” desde la fecha de su señalamiento.