Una representación del Colectivo Sin Vivienda de Terrassa acudió ayer a los Juzgados para protestar contra los desahucios a familias vulnerables y, especialmente, con aquellos flexibles, que avisan en quince días pero no concretan ni el día ni la hora. El movimiento también tenía previsto llevar su reclamación por la tarde, frente al Ayuntamiento, donde ayer había pleno.
La movilización de este colectivo ha tenido lugar en un día de sesión plenaria donde el grupo municipal de la CUP presentaba una propuesta, precisamente, a favor de la vivienda social y contra los desalojos forzados por falta de impago. Fue el concejal de la CUP, Marc Medina, quien alertó en rueda de prensa que se ejecutan desahucios abiertos y que en Terrassa hay previsto dos, en febrero y en abril próximos, a familias con hijos. Para Medina, esta práctica es ilícita en tanto que vulnera la ley y señaló que esta, de momento, sólo recoge ejecuciones comunicando a la familia afectada el día y la hora.
Alarma en Terrassa
El concejal señaló que con la propuesta quieren avanzarse a lo que ya está siendo una realidad en Barcelona. En esa ciudad, en 2018 se han dado 45 casos de desahucio flexible con un gran incremento respecto al año anterior que fueron ocho. La CUP insistió en que se necesitan medidas urgentes para dar cobertura a familias que no pueden hacer frente a los gastos de una vivienda. Y recordó que este asunto en Terrassa es alarmante. Lo justificó Medina con cifras. Indicó que en el primer semestre de 2018 se había tramitado 552 desahucios, de los que 42 se ejecutaron y el resto se suspendió por acciones de colectivos en defensa al derecho de una vivienda y mediación de los Servicios Sociales y otras entidades. La propuesta de la CUP que se debatió en el pleno de ayer también pedía que los Juzgados comunicaran a Servicios Sociales las órdenes de desalojo por impago a familias vulnerables, para que se puedan tomar medidas antes de la ejecución.
