El traslado de los presos independentistas vuelve a saltar del calendario. El transporte de los reclusos no empezará hoy, como inicialmente estaba previsto y como se había comunicado hace unos días a la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Por motivos de seguridad, la fecha definitiva del desplazamiento de los reclusos no se ha hecho pública, aunque las distintas fuentes consultadas sitúan el traslado durante los primeros días de febrero.
Ayer mismo el diario El País, citando fuentes policiales, situaba el viaje de los políticos catalanes a Madrid el próximo viernes 1 de febrero por la mañana. Según el rotativo, la operación se realizaría en dos etapas. Una primera que consistiría en agrupar a todos los encarcelados del "procés", actualmente en las prisiones de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses, en las dependencias de Brians 2, el centro de enlace del sistema penitenciario catalán. En ese punto la Guardia Civil se haría cargo del traslado a Madrid, inicialmente sin escala en la prisión zaragozana de Zuera, según apuntaba ayer El Periódico de Catalunya.
El retraso en el traslado de los presos trascendía ayer, el mismo día en que el Supremo desestimaba la libertad de los reclusos a las puertas del juicio por entender que ha aumentado el riesgo de fuga.
Los magistrados consideran que la posibilidad de que los políticos catalanes aprovechen la libertad para abandonar el país sigue siendo "intensa" al considerar "un hecho notorio" la presencia en Europa de "estructuras de poder organizadas" que funcionarían "al servicio" de los dirigentes independentistas. Citan como ejemplo el caso del exPresident Carles Puigdemont. El auto insiste en que miembros del Govern de la Generalitat y del Parlament de Catalunya han viajado a Europa y han mantenido reuniones "con las personas integrantes de tales estructuras, algunas de ellas también procesadas en esta causa y declaradas en rebeldía".
Al tiempo que denegaba la libertad a los nueve presos preventivos de la causa del "procés", el Tribunal Suprermo ha rechazado equiparar su caso al del opositor turco Selahattin Demirtas -que ellos invocaron-, por el que el Tribunal de Estrasburgo condenó a Turquía.
Los nueve presos invocaron ante el Supremo la llamada "sentencia sobre el caso Demirtas", por la que el TEDH reclamó a Turquía que adoptara las medidas necesarias para acabar con la prisión provisional del opositor.
El Supremo afirma que "no existe persecución de las ideas, no se criminaliza una ideología" ni está en cuestión "una forma de pensar".
El tribunal rechaza cualquier paralelismo entre ambos casos y argumenta que los líderes del "procés" no eran opositores sino representantes de las instituciones catalanas y en ningún caso "expresaban la silenciada voz del discrepante frente a una política hegemónica que se impone sin contrapesos".
Por otra parte, la petición de los presos catalanes de que el juicio puedan estar presentes observadores internacionales tampoco será aceptada. Ayer, la fiscal general del Estado María José Segarra defendía la transparencia del próximo juicio. Será "televisado y en directo. No podemos ofrecer nada más".
Segarra hizo estas manifestaciones a los periodistas tras un desayuno informativo de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a quien presentó en el acto, organizado por Executive Fórum España.
Insistió en que la justicia española es "plenamente respetuosa con las garantías de todos" y recordó que el juicio se ofrecerá con una retransmisión en directo. "Dudo que se pueda ofrecer más transparencia", recalcó. "Por lo demás -añadió, cualquiera puede pretender elevar el tono de esa supervisión internacional, pero ahí está, televisado y en directo. No podemos ofrecer nada más".
