El pleno municipal aprobó el lunes iniciar el proceso de un nuevo concurso para adjudicar el servicio de autobuses urbanos de Terrassa. El gobierno local del PSC contó con los votos de sus ediles y recibió el apoyo de Ciutadans y el PDeCAT, como estaba previsto, y la abstención del PP, para dar luz verde al expediente a la espera de que un nuevo pleno apruebe el pliego de condiciones para las empresas que opten a la adjudicación, ahora en manos del grupo Avanza.
Como también estaba previsto, los grupos de izquierdas en la oposición, ERC, CUP y Terrassa en Comú (TeC) votaron en contra después de discursos afilados de sus representantes. Los reproches y argumentos para avalar los posicionamientos contrarios se movieron entre lo inoportuno de la medida, a falta de cuatro meses para las elecciones municipales, y las alusiones a un modelo, el mixto, público-privado, a abandonar en beneficio de una gestión pública directa. Como la del agua.
Marc Medina, de la CUP, lamentó la “decisión unilateral” de llevar adelante este proceso y Carles Caballero (ERC) abogó por la gestión pública directa precisamente para lograr los objetivos de eficiencia esgrimidos por los partidarios del proceso. “No tener el control es dar carta blanca al concesionario”, señaló el concejal republicano antes de recriminar, como otros ediles, las “prisas” del equipo de gobierno para tirar adelante un plan así en los últimos meses del mandato.
Xavier Matilla, de TeC, atribuyó al PSC una falta de voluntad de consenso y calificó de “electoralista” una iniciativa que contó con la muleta “de los partidos de derecha”. El teniente de alcalde Marc Armengol defendió el expediente enarbolando un proyecto de mejora del servicio que pretende dar cobertura a los polígonos industriales e incrementar la frecuencia de paso de buses hacia el Hospital de Terrassa. Este modelo de gestión, aseguró, es el mejor, entre otras razones porque permite que las inversiones y su riesgo recaigan en la empresa que gane el concurso, y no en el Ayuntamiento.
Miquel Sàmper (PDeCAT) destacó el índice de satisfacción de los usuarios del bus y descartó que existan argumentos de peso “para cambiar el modelo de gestión”. Javier González, de Ciutadans, elogió la fórmula de colaboración público-privada, “la más óptima” siempre que se garantice una buena prestación. “Lo que no se vota hoy (el lunes) son los pliegos, y estaremos vigilantes durante su elaboración”, dijo el edil naranja.
Álex Rodríguez, del PP, no se mostró en contra de externalizar el servicio, sino todo lo contrario, pero los populares decidieron abstenerse al considerar “un despropósito” que el gobierno active un concurso “cuatro meses antes de unas elecciones municipales que seguramente cambiarán el panorama político local”.
Alfredo Vega, el alcalde, cerró el pleno extraordinario, que duró algo menos de una hora, con una defensa del modelo externalizado, aunque con control municipal: las reglas de gasto y los techos presupuestarios, resaltó, no permiten al Ayuntamiento acometer directamente una gestión de los buses que implicaría inversiones en nuevos vehículos, por ejemplo. “Eso sería una irresponsabilidad”, declaró el alcalde, que quiso subrayar de qué iba el pleno: de aprobar el inicio del expediente de contratación de la concesión, no de los pliegos de condiciones a imponer a las empresas aspirantes. Y a las recriminaciones de algunos, como ERC, replicó con una reivindicación de un Ayuntamiento, el egarense, que es “el que más gestión directa realiza en el país”, mientras que la Generalitat, en cuyo gobierno está Esquerra, “lo tiene todo delegado”. El mensaje de traspaso a la gestión pública directa “explíqueselo al Govern”, reclamó al concejal republicano Isaac Albert.
El pleno lo había abierto el teniente de alcalde Marc Armengol para resumir las bondades que, según el gobierno municipal, reúne un modelo de gestión “que en su momento se aprobó por mayoría absoluta”. Con esta fórmula, “todas las inversiones las asume el operador” y el Consistorio descarta riesgos en este sentido durante diez años. Armengol defendió también las mejoras del servicio previstas en la nueva concesión (ver despiece), pues el transporte urbano local funciona “muy bien” pero es mejorable. El teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad aprovechó uno de sus turnos de intervención para responder a la CUP y sus continuas alusiones a lo público como forma mejor de gestión: “La CUP gobierna en ciudades con servicios no municipalizados”.
El edil de la candidatura independentista se había mostrado muy crítico con “la decisión unilateral” del gobierno y con los movimientos jurídico-administrativos que han marcado los últimos años años de un servicio, el de buses, que ha sufrido “dos suspensiones de adjudicación desde el 2013”.
De hecho, el expediente activado el lunes pone fin a un proceso farragoso y repleto de escollos que empezó en el mandato anterior, cuando el primer concurso quedó frustrado por los recursos de las operadoras y porque se registraron errores en la tramitación. La administración municipal se había comprometido a convocar de nuevo la licitación antes de que terminase este mandato, el 2015-2019, y lo ha hecho in extremis. El gobierno del PSC ya había justificado la urgencia del proceso en diciembre pasado, en otro pleno extraordinario, y advirtió de que bloquearlo era temerario e irresponsable, pero la oposición lo bloqueó. En la reunión plenaria del lunes ya no pudo.
Armengol se refirió el lunes a las “dificultades” de que ha adolecido el procedimiento en los últimos meses y a la necesidad de amoldar el expediente a la nueva ley de contratos del sector público aprobada meses atrás. Superado el trámite del lunes, el expediente proseguirá con un proceso de información pública al perfil del contratante y la remisión de los documentos a una junta consultiva autonómica y una oficina nacional de evaluación, para que el Consistorio obtenga el preceptivo informe a incluir en el expediente de contratación.
Pliegos
La previsión pasa por presentar los pliegos de condiciones para la licitación y la apertura del concurso en el pleno de marzo o el de abril. La adjudicación se resolverá, en principio, en el otoño del 2019, para que el nuevo servicio comience a finales de año. Eso si, como es más que probable, las empresas que pierdan el concurso no optan por acudir a los tribunales.
La administración local teme que la judicialización del proceso sea una espada de Damocles suspendida sobre el proyecto en los próximos meses. La actual concesionaria del transporte de buses, el grupo Avanza, está a apunto de acabar los diez años de prórrogas previstos en el contrato.
Esa década de periodos suplementarios expirará en septiembre próximo; en un pleno celebrado en octubre pasado el gobierno perdió la votación en la que proponía una nueva prórroga para tener margen de maniobra en la resolución del nuevo concurso. La oposición rechazó el dictamen, pero el proceso sólo experimentó un retraso, uno más, pues al ser un trámite el gobierno lo resolvió por vía ejecutiva. Y el nuevo proceso de contratación ya está en marcha tras un pleno breve pero intenso, con reproches a la precipitación y confrontación de modelos. Con denuncias como la de Álex Rodríguez, del PP, a unas prisas difícilmente entendibles “cuando llevamos treinta años con esta concesión, los últimos diez con prórrogas forzosas”. O como la de Xavier Matilla, de Terrassa en Comú: es imposible hacer en tres meses lo que no se ha hecho en todo el mandato, dijo el edil portavoz de los comunes. Y añadió: “Han tenido 48 meses para cumplir la promesa de adjudicar el servicio. Y ahora lo cierran y atan sin trabajo político de consenso”.
Para la CUP, la municipalización hubiera sido la opción más responsable, para el servicio a los ciudadanos y para las condiciones de los trabajadores. Según la coalición anticapitalista, externalizar la gestión de buses supondrá “regalar” cada año unos beneficios de 800.000 euros a empresas privadas.
