Justo ayer se cumplían dos años del doble crimen. Justo ayer, cuando comenzó en la Audiencia Provincial de Lleida al juicio a Ismael Rodríguez, el joven terrassense acusado de matar a tiros a dos guardas forestales en un coto de caza de Aspa. El procesado, autor confeso de los hechos, declaró en la primera jornada de la vista: aseguró que sólo recordaba ver a las víctimas en el suelo porque cuando usó su escopeta se quedó “en blanco”.
Según la información recogida por la agencia EFE, el acusado afirmó que los agentes rurales se le acercaron por la espalda. No había oído sus pasos. Le dieron los buenos días y le pidieron que descargara su arma. A partir de ese momento Ismael. según su testimonio, sólo recordaba “ver las insignias” de los guardas y verlos a ellos en el suelo. Y marcharse él hacia el coche en el que había viajado hasta Aspa con otros cazadores desde Terrassa.
Se encontró con uno de sus compañeros y le dijo: “Creo que he disparado a dos personas”. Los miembros del grupo se pusieron en contacto entre ellos para reunirse de nuevo y hablar de lo ocurrido. El homicida dijo ayer que no llamó de inmediato a los servicios de emergencias porque prefirió esperar a sus compañeros. No se sintió presionado por ellos para llamar al 112, como hizo después. Dijo que él mismo preguntó a quién debía telefonear. El cazador afirmó que padece problemas psicológicos derivados de una especie de epilepsia que sufre desde pequeño y que por esa razón no recuerda algunos episodios de su vida.
El Ministerio Fiscal reclama en sus conclusiones provisionales penas que suman 48 años de prisión por dos delitos de asesinato y un año más por tenencia ilícita de armas, pues la licencia del acusado estaba caducada y aquel día utilizó una escopeta de un amigo que tampoco tenía la autorización necesaria. La Fiscalía solicita que el acusado pague más de 1.000.000 de euros a las familias de Xavier Ribes y David Iglesias, los dos agentes rurales asesinados aquella mañana de enero en Aspa.
Las familias
Las acusaciones particulares, en representación de las familias, piden 51 años de prisión por los crímenes y por atentado a agentes de la autoridad, cinco meses por tenencia ilícita de armas y multas de ntre 3.000 y 5.000 euros. Las viudas y otros allegados de las víctimas estuvieron presentes en la vista.
A las puertas del edificio judicial se concentró un grupo de agentes rurales con una pancarta reivindicativa, reclamando las medidas de seguridad para ese cuerpo que la Generalitat se comprometió a implementar tras el doble crimen de hace dos años.
