El exconseller de Territorio Josep Rull alega que no existió rebelión porque la única arma de los independentistas fueron las papeletas y denuncia que la causa a la cúpula del procés busca “escarmentar” a políticos “pacíficos” y “descabezar” al soberanismo porque no se comparten sus ideas.
Así consta en el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, que Rull ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, de cara al juicio a la cúpula del procés, en el que afronta una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión.
En el escrito, el abogado de Rull, Jordi Pina, denuncia que la justicia ha creado un “relato inexistente” y ha “retorcido” el Código Penal para encontrar una tipificación penal “ad hoc”, en referencia a la rebelión, pese a que no hubo alzamiento público, sino como máximo actos de “violencia activa y no simple resistencia pasiva” llevados a cabo “por unos pocos ciudadanos” el 1-O.
“Curiosa rebelión o sedición aquella en la que los principales dirigentes rebeles o sediciosos instan a los ciudadanos a mantener en todo momento una actitud pacífica y tratan de evitar la confrontación con la policía animándoles a votar en aquellos centros en los que no hubiera presencia policial”, indica el recurso.
En la misma línea, considera “extraña” una rebelión o sedición en la que los ciudadanos, “presuntos ejecutores de un alzamiento violento y tumultuario, blanden una papeleta como única arma y, al acabar la jornada, regresan pacíficamente a sus domicilios”.
El escrito de Rull también enmarca en el derecho a manifestación la concentración para protestar por los registros en la sede de Economía el 20 de septiembre de 2017, en el que nadie intentó asaltar el edificio ni impedir la labor de la comitiva judicial, que pudo abandonar el lugar “sin sufrir ningún rasguño”.
En este sentido, considera un “desvarío valorativo” fruto de la “persecución política” tratar de equiparar la actuación de los independentistas con el golpe de Estado de Tejero de 1981, en el que salieron carros de combate en la calle y los golpistas irrumpieron armado en el Congreso.
Tras denunciar las cargas de la Policía y la Guardia Civil el 1-O, Rull se pregunta por qué, sin tan público y violento fue el alzamiento de los independentistas, la Fiscalía tardó varias semanas en actuar y ni tan siquiera ordenó la detención de los pretendidos “rebeles violentos” el día del supuesto alzamiento.
“No es cierto que los acusados organizaran actos de violencia, sino que los altercados que se produjeron se explican fundamentalmente por decisiones del Gobierno español, que ordenó a la policía cargar contra personas indefensas yendo incluso más allá de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, que dio instrucciones para impedir el 1-O sin afectar la “normal convivencia ciudadana”, resalta.
Sobre la declaración unilateral de independencia, Rull argumenta que Carles Puigdemont la dejó en suspenso el 10 de octubre para abrir un proceso negociador y que finalmente la dejó en manos del Parlament, que el 27 de octubre aprobó una resolución donde la declaración de independencia figuraba en el preámbulo que, al ser parte declarativa, “no se votó”.
De esta forma, precisa Rull, los diputados, valiéndose de la inviolabilidad de sus votos, aprobaron una resolución que consistía en la apertura de un proceso constituyente cuya culminación sería la redacción y aprobación de la Constitución de la República.
Además, también le llama “poderosamente la atención” que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, fuese ponente de la sentencia que absolvió a 19 de los 20 acusados del asedio en el Parlament el 15 de junio de 2011, en el que el expresident Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero a la cámara, sin que a nadie le “pasara por la cabeza” calificar los hechos de sedición, pese apreciar un “entorno tumultuario”.
