El pulso que el Ayuntamiento de Terrassa mantiene con los bancos que inmovilizan viviendas en una coyuntura de emergencia habitacional como la que vive la ciudad desde el inicio de la crisis, en 2008, arrancó en 2012, al amparo de la Llei del Dret a l’Habitatge 18/2007. Desde esa fecha se han abierto en Terrassa 1.176 expedientes, 822 de los cuales se han archivado, mayoritariamente porque las viviendas ya están ocupadas. Las multas a los bancos empezaron a ejecutarse en 2013 como medida de presión contra los bancos que ignoraban el requerimiento municipal de que dieran uso a las viviendas cerradas. Fuentes municipales cifran en un 80% el volumen de contenciosos con sentencia judicial favorables a la administración municipal, fallos que las entidades financieras han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que desde el año pasado empezó a fallar contra el Ayuntamiento de Terrassa. El tribunal catalán entiende que los ayuntamientos no son competentes para emitir expedientes de utilización de viviendas ni para imponer multas, como mínimo mientras que la ley catalana de la vivienda no desarrolle un reglamento que así lo establezca.
