El gobierno municipal recurre al Tribunal Constitucional en busca de una sentencia favorable a las multas a los bancos por no dar uso a sus pisos vacíos. La administración local ha presentado un recurso de amparo ante la más alta instancia judicial española después de que el Tribunal Supremo no admitiera el recurso se casación presentado en noviembre de 2017. En el, el Ayuntamiento de Terrassa pretendía revertir las sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contrarias a la administración local en los contenciosos presentados por los bancos multados por no obedecer el requerimiento municipal de dar un uso a los pisos vacíos .
El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso del Ayuntamiento de Terrassa, que ha decidido recorrer al Tribunal Constitucional para que dirima la polémica cuestión.
Aunque considera "difícil que el recurso prospere", el gobierno municipal cree oportuno agotar todas las vías judiciales para intentar conseguir una sentencia favorable que consolide las multas a las entidades financieras. El Ayuntamiento de Terrassa fue el primero en sancionar a las entidades financieras en 2013. La administración recurre al entender que se le ha vulnerado su derecho a tutela efectiva.
La sentencia del TSJC de noviembre de 2017 supone un cambio de criterio judicial respecto a las multas coercitivas a los bancos. El tribunal catalán apela a la Llei del Dret a l’Habitatge para afirmar que los ayuntamientos no son competentes en la tramitación de expedientes de utilización de viviendas y, en consecuencia, tampoco pueden sancionar.
El TSJC argumenta en su sentencia que la Llei del Dret a l’Habitatge no es suficientemente clara y tampoco ha desplegado su reglamento, factor impide un pronunciamiento sobre las multas coercitivas.
Requerimientos, sin multas
"Es urgente que la Generalitat impulse una reforma de la ley -afirma Eva Candela, concejal de Vivienda- y desarrolle un reglamento. Y es fundamental, sobre todo, que no haya dudas o malas interpretaciones sobre competencias municipales". La edil lamenta que ahora se disponga de "una ley que prácticamente no sirve para lo que debería". En una década, insiste Candela, la Generalitat "no solo ha recortado el texto legal de la Llei d’Habitatge si no que en 2011 la hizo retroceder de manera importante". En esas condiciones, los esfuerzos municipales "sirven de poco".
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Terrassa continuará abriendo expedientes sancionadores a los bancos, aunque sin requerimientos ni multas coercitivas. Eso permitirá efectuar declaraciones de utilizaciones anómalas de viviendas (que probarán el incumplimiento de la ley), acompañadas de la advertencia de expedientes sancionadores. Todo a la espera de una sentencia favorable que, de producirse, permitiría poner en marcha de nuevo las multas.
