El consejo de Ministros celebrado ayer en Barcelona aprobó que el aeropuerto de El Prat pase a denominarse Josep Tarradellas, en homenaje al que fuera presidente de la Generalitat. El nombre oficial del aeropuerto barcelonés será Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, según han precisado fuentes de Fomento.
La ministra portavoz Isabel Celaá aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el cambio del nombre del aeropuerto de El Prat transmite un mensaje de "concordia, entendimiento, diálogo", así como un "reconocimiento" a quien fue el primer presidente de la Generalitat en democracia. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Celaá informó de que este cambio de nombre ha sido comunicado a la Generalitat y a los municipios afectados, además de a la familia de Tarradellas.
Tras la reacción del Govern, que no comulga con el cambio de denominación, Celaá explicó que se ha consultado con los familiares y los ayuntamientos y, por lo tanto, el Gobierno considera que "tiene un nivel de acuerdo más que razonable" para poder ofrecer el cambio de denominación para El Prat.
Salario mínimo 900 euros
El Gobierno aprobó también un real decreto para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de los 735,9 euros actuales a los 900 euros al mes en 14 pagas a partir del 1 de enero de 2019. Supone una importante subida del 22% o de 164 euros al mes. "Es la mayor subida del salario mínimo desde el año 1997", afirmó ayer Isabel Celaá, portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros celebrado sne Barcelona.
La medida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, según los cálculos del Ejecutivo, que verán incrementadas sus nóminas a partir del 1 de enero. "Supone un incremento del 22% y beneficia a 2,5 millones de trabajadores", señaló Celaá.
Esta cifra de beneficiarios dista mucho de la que aportó el Gobierno del PP en diciembre de 2017 cuando se aprobó el incremento del salario mínimo al 4%. El Ministerio de Empleo que dirigía Fátima Báñez cifró entonces los afiliados que cobraban el SMI en 533.978 personas.
La Generalitat pidió ayer al Gobierno medidas para que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) no tenga un impacto negativo en el empleo de personas con discapacidad que trabajan en los Centros Especiales de Trabajo (CET).
El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha valorado positivamente el incremento del SMI, pero ha mostrado su preocupación porque esta subida no vaya acompañada de medidas de apoyo para paliar las afectaciones que tendrá en los CET, que, sin subvenciones, no pueden asumir este nuevo coste.
La normativa prevé que el 50 % del coste de los salarios de los trabajadores de los CET están subvencionados por la Administración. Según la Generalitat, este año, del fondo para políticas de empleo que el Gobierno central distribuye a través de la Conferencia Sectorial de Empleo para personas con especial vulnerabilidad se han destinado 50 millones, cuando el presupuesto total en Cataluña asciende a 85 millones.
"Aunque Cataluña es el único territorio que aporta fondos propios para subvencionar los CETS -35 millones este 2018-, la infrafinanciación crónica en esta cuestión hace temer que si no se prevén medidas de apoyo, la subida del SMI puede provocar dificultades en la viabilidad de estos centros y riesgo de pérdida de puestos de trabajo", han dicho el secretario general del Departamento de Trabajo, Josep Ginesta.
115 millones a investigación
Otra de las medidas aprobadas ayer en Barcelona tiene que ver con la ciencia y la I+D+i. El Gobierno destinará 115 millones de euros para la Acción Estratégica en Salud (AES), una cantidad que servirá para reforzar la investigación sanitaria y contratar a cerca de 400 investigadores en el Sistema Nacional de Salud (SNS).La AES es la principal herramienta de financiación pública de la I+D+i en la investigación biomédica y su objetivo es fomentar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Promovida por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, su tramitación anticipada garantiza que no se retrase la convocatoria hasta la disposición de nuevos presupuestos.
La convocatoria de 2019 hace especial hincapié en la contratación y consolidación de investigadores a la I+D+i sanitaria, en la protección de los derechos de la mujer investigadora y en la incorporación de líneas de investigación en salud reproductiva y economía de la salud, informó ayer el Ministerio de Ciencia en una nota. Así, la AES prevé la contratación de más de 400 personas y aumenta sustancialmente la partida para la contratación de personal investigador predoctoral asociado a proyecto y al personal asistencial.
